Según explicó ayer Pedro Sánchez a los diputados y senadores del PSOE, su iniciativa para este nuevo tiempo político pasa por una serie de medias de carácter social entre las que se encuentran legalizar la eutanasia y activar la Ley de Memoria Histórica. El empeño de Sánchez de atraer el voto radical sustrayéndolo a Podemos se ilustra con propuestas de este tipo que, por otra parte, no encuentran apenas resistencia en un PSOE culturalmente aplanado. Ya el pasado mes de diciembre, el grupo socialista introdujo una proposición para desarrollar la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, con medidas que han provocado estupefacción social y críticas severas en la comunidad científica de los historiadores.

Toda la proposición transpira un carácter sectario y revanchista que parece una enmienda a la totalidad al proceso de reconciliación que tuvo lugar durante la Transición y que se plasmó en el pacto constitucional. Se insiste en la conversión del Valle de los Caídos en un centro nacional de memoria histórica, obviando la existencia de una comunidad religiosa y el significado reconciliador de esta presencia. Se pretende instituir una denominada “Comisión de la verdad” que en el fondo parece un mecanismo de comisariado político de las ideas. Y lo peor de todo es la amenaza de aplicar el Código Penal a quien se atreva a sostener, en la enseñanza o los medios de comunicación, interpretaciones sobre nuestro conflicto civil y sobre el régimen franquista que no se atengan a la ortodoxia del PSOE. Pedro Sánchez juega de nuevo con fuego y ya nadie se atreve a plantar cara a esta deriva radical en su partido.