La Generalitat de Cataluña es consciente de que la colaboración de las administraciones locales el referéndum independentista del próximo primero de octubre es imprescindible. Por eso, la decisión del ayuntamiento de Lérida de no ceder espacios municipales para este acto tiene una particular relevancia, en un momento en el que la política y la sociedad catalana viven bajo una presión brutal del secesionismo. La decisión es fruto de los votos de los concejales del Partido Socialista de Cataluña, Ciudadanos y PP, y desvela la quimera de un referéndum de cuya ilegalidad no dudan ni los que lo patrocinan. Al margen de las consecuencias jurídicas para las administraciones locales que incurran en colaboración con el delito de sedición, en caso de que se impliquen en posibilitar esta consulta, un ayuntamiento como el de Lérida tiene la obligación cumplir y hacer cumplir la legislación vigente como expresión de servicio a todos los ciudadanos. La reacción de la mayoría de los grupos del consistorio revela también un sentir mayoritario en la sociedad catalana y contribuye a que se recuperen la cordura, el buen sentido y la normalidad institucional, rotos por el empeño de unos políticos en llevar adelante un fracaso anunciado, que en todo caso va a sembrar una profunda división.