El senador de Coalición Canaria, Pedro San Ginés, ha dicho que la causa que le investiga por la denuncia sobre supuestas irregularidades en la contratación pública en Lanzarote que realizó en 2009, según la Fiscalía, con "ánimo de faltar a la verdad", tiene una "inequívoca intencionalidad política".

El magistrado Vicente Magro ha tomado declaración voluntaria este martes al también expresidente del Cabildo Insular de Lanzarote, después de que el Supremo haya recibido una exposición razonada del Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife, órgano que estaba al frente del caso.

En declaraciones a los medios, el senador ha explicado que solo reveló ciertas irregularidades ya que "había múltiples facturas de dos empresas sin contrato" lo que considera que "es verdad", porque "nadie lo ha desmentido" y ve una "inequívoca intencionalidad política" en esta denuncia contra él.

El Supremo asumió la causa después que San Ginés adquiriese la condición de senador por Canarias y pasase a ser aforado, en un auto en el que constató que existen indicios de que pudo haber cometido los delitos por los que le acusa la Fiscalía, que pide un año y medio de prisión e inhabilitación durante el tiempo de la condena.

Los hechos se remontan a 2009, cuando San Ginés ostentaba el cargo de presidente del Cabildo de Lanzarote y del ente público insular Centros de Artes, Cultura y Turismo.

San Ginés compareció voluntariamente ante las dependencias policiales de Costa Teguise para denunciar unas irregularidades en la contratación de determinados servicios cometidas por diversas personas, si bien, según la Fiscalía, el ahora senador narró dichas irregularidades "con ánimo de faltar a la verdad objetiva, y con manifiesto desprecio hacia la misma".

Después declaró como testigo en las actuaciones judiciales abiertas por su denuncia y, "previo juramento o promesa de decir verdad", sostiene la Fiscalía, "volvió a manifestar, faltando a la verdad objetiva, las mismas irregularidades en la contratación de servicios imputadas".

Diez años después volvió a declarar y mantuvo las anteriores imputaciones y a los pocos días esa causa se sobreseyó de manera provisional, hasta que el Supremo asumió recientemente la causa tras pasar a ser senador.

Este no es el primer procedimiento judicial en el que se ve envuelto San Ginés; en 2022 un juzgado de Arrecife le absolvió tras un juicio celebrado por la incautación en 2014 de la planta desaladora de la empresa Club Lanzarote, en Montaña Roja (Playa Blanca).