Lo último es la petición del Ministerio de Cultura a la Audiencia Nacional: solicita su intervención para hacer cumplir a la Sociedad General de Autores Españoles (SGAE) tres puntos principales: aprobación de estatutos, cambio del sistema de reparto e implementación del voto electrónico.

Un requerimiento en el que Cultura, con distintos gobiernos, lleva meses insistiendo. Todo empieza el 20 de junio de 2017, cuando el Cuerpo Nacional de Policía entra en la sede de la SGAE y detiene a 18 personas por el caso de la rueda de las televisiones (música con falsos arreglos registrada como nueva por el que empresas audiovisuales, editoriales y autores desconocidos cobran en calidad de derechos).

A partir de entonces, surgen voces en la entidad gestora cultural para que el Ministerio intervenga. En septiembre, esta petición fructifica con el departamento que entonces dirigía el popular Íñigo Méndez de Vigo, aunque sin llegar a un acuerdo.

La cosa cambia con la victoria en la moción de censura de Pedro Sánchez al presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Los artistas descontentos llevaban hablando con el Partido Socialista desde principios de año. La dimisión de Màxim Huerta y la llegada de José Ángel Guirao solo hacen que ralentizar un proceso que ya había echado a andar.

Un año y un día después de las 18 detenciones, la asamblea anual de la SGAE vota en contra de la gestión de Fernández-Sastrón, que recibe un 61% de rechazo. La facción descontenta hablan de lo que ahora requiere el Ministerio: cambio de estatutos y fin de privilegios para los autores de la rueda.

A toda esta situación se unen las empresas discográficas, y el tembleque en la organización empieza a ser total. Amenazan con retirar todo su catálogo. Es casi la mitad de lo que ingresa la entidad.

En estas llegamos a septiembre. Guirao empieza a tomarse en serio el asunto y envía un apercibimiento a la SGAE: les da un margen de 100 días, hasta final de año, para que lleven a caso sus requerimientos.

En medio hay elecciones, el 26 de octubre, del que sale presidente el gaitero José Ángel Hevia. Pero nada más llegar al poder se ciernen sobre él acusaciones de conflicto de intereses al estar su editora, Busindre Producciones, en la anterior junta directiva. Algo que se discutió en la última reunión del 12 de febrero y de la que Hevia, que llegó a votar dos veces y a propiciar la invalidación de esa votación, salió al grito de "¡Que os follen!".

Antes de eso, el 28 de diciembre, los nuevos estatutos fueron aprobados por un 58%, pero no salieron adelante por la necesaria mayoría de dos tercios.

Con todo esto encima de la mesa, el pasado 18 de febrero el Ministerio de Cultura solicitó la intervención a la Audiencia Nacional. Ahora será un juez el que la autorice y dé paso a la creación de una gestora. Se habla de un agujero de 100 millones de euros.