Cáritas firma un acuerdo para mejorar las garantías del acceso al agua en colectivos vulnerables
El convenio firmado definirá indicadores concretos que permitirán a las administraciones públicas definir qué familias deben contar con apoyos sociales
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Cáritas y la Asociación Española de Servicios Públicos (AESP) han firmado un convenio por el que definirán los indicadores de cara a evaluar la sensibilidad y el compromiso de los ayuntamientos y prestadores de servicios del agua urbana hacia las personas y colectivos vulnerables.
Durante una jornada organizada por el Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR) los principales actores del sector han expresado su compromiso con el acceso a un recurso limitado y fundamental para la vida, declarado por la Organización de Naciones Unidas como un derecho fundamental.
En el evento han destacado que el coronavirus ha puesto de manifiesto la importancia del agua incluso desde un punto de vista sanitario; pero al mismo tiempo la crisis subyacente a la pandemia ha acrecentado la vulnerabilidad económica de muchas familias.
La pandemia ha multiplicado las familias en situación de #vulnerabilidad y agudizado las dificultades de colectivos con problemas para afrontar los pagos de #servicios básicos. En España no se han producido cortes de #agua a ninguna familia vulnerable https://t.co/qePhNsaWLN
— OSUR_AESP (@osur_observa) April 21, 2021
"Jornada El Derecho al agua en España: la protección de los vulnerables"
La 'Jornada El Derecho al agua en España: la protección de los vulnerables', organizada por el Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR) en colaboración con Cáritas, ha evaluado el compromiso de los actores del sector en este sentido y las medidas que se realizan para garantizar el acceso al agua de estos sectores.
El convenio firmado definirá indicadores concretos, homogéneos y fiables que permitan a las administraciones públicas definir qué familias deben contar con apoyos sociales para garantizar su acceso al agua.
En la inauguración del acto el exministro de Justicia y presidente de OSUR, Francisco Caamaño, ha afirmado que el objetivo de esta asociación es evaluar los servicios públicos, como el agua, tanto si los gestiona directamente la administración pública directamente o de forma indirecta por medio de la colaboración público-privada. "Es un servicio público y en el contexto de un estado social debe ser atendido", ha defendido.
El agua, un derecho humano fundamental
Por su parte, la responsable de Derechos Humanos de Cáritas, Sonia Olea, ha apuntado a la responsabilidad de los ayuntamientos, como titulares de la gestión del agua, a la hora de atender las necesidades de todos los ciudadanos. "Agradecemos mucho que las empresas tomen su responsabilidad y sobre todo la administración pública que es la obligada a facilitar el acceso al agua donde no la hay según la ley reguladora de las Bases del Régimen Local", ha manifestado.
Olea expuso que durante la pandemia del coronavirus no se ha cortado el agua a ninguna persona en España por no poder pagarla, pero hacía ver que existen asentamientos irregulares o zonas de infraviviendas donde ni siquiera hay infraestructuras que permitan atender la situación.
Desde la Asociación Española de Empresas Gestoras de los servicios de Agua Urbana, su presidente, Manuel Marchena, ha asegurado que los operadores tienen en su ADN que el agua es un derecho humano y por eso ha defendido que desde hace años, los operadores del agua usan bonificaciones en la tarifa, fondos de solidaridad y otras medidas para permitir que las familias con pocos recursos tengan garantizado el acceso al agua.
En su opinión, es "fundamental" que los servicios sociales de los ayuntamientos tengan datos claros para poder atender la situación particular de cada familia, algo que confía en que el acuerdo entre Cáritas y OSUR permitirá alcanzar.
"El agua es de todos, pero eso no quiere decir que se malgaste, porque también es un recurso finito. Debemos aplicar la solidaridad y aquellos que podemos pagar el agua y podemos sufragar las inversiones con nuestros impuestos debemos hacer lo posible para que aquellas personas que no tienen la fortuna puedan acceder a ella", afirmaba el responsable estatal de Agua y Energía de FICA-UGT, Gustavo Vargas.
También recordó que es a la administración local a quien le corresponde por ley atender tanto el agua potable como al saneamiento. Mientras, el subdirector de estudios y responsable de implantación del Plan Estratégico del Canal de Isabel II, Fernando Arlandis ha expuesto el "firme" compromiso de las empresas gestoras para atender situaciones de necesidad, pero ha recordado la necesidad de contar con una mejor información. "Necesitamos que sean los expertos en temas sociales quienes nos den los indicadores y nos digan si lo estamos haciendo bien", ha admitido.
En la misma línea, el director general de Suez Madrid y exsecretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, ha manifestado que a la empresa le gusta hacer bien su trabajo y "no estaría bien hecho si no se atiende a los vulnerables". "Hemos sido pioneros en protegerlos, usando tarifas sociales, fondos de ayuda y flexibilidad en el pago, pero se necesita mejor información para ello", ha apostillado.
