Educación: una ley totalitaria

La Ministra de Educación ha presentado en el Parlamento un proyecto de ley, la LOE, para su aprobación. Para que no se pueda debatir, aprovecha el momento en el que a causa del coronavirus, todos los padres de alumnos, profesores y sindicatos están confinados en sus casas.

El Gobierno va a aprobar una ley que deja en desamparo el castellano y asfixia a los Centros Concertados.

La Ley propone que los alumnos puedan aprobar el bachillerato, con una asignatura suspendida, sin necesidad de recuperarla. Se crea además una asignatura sobre Valores Estéticos y Cívicos, donde en el apartado de sexualidad se recogen todos los principios de la Ideología de Género, para aplicarla en 6º de primaria y en la ESO. Se suprime la libertad de elección de centros y por tanto el derecho de los padres, a elegir la educación de sus hijos, dando prioridad a la Escuela Pública. Dice la Ministra que cuando estén todas las plazas cubiertas en la pública, ya se verá si hace falta subvencionar a otro tipo de centros.

El Presidente del Gobierno ha anunciado en la televisión el reparto de 6.000 millones a las Comunidades Autónomas exclusivamente para la Escuela Pública.

En el requerimiento que la Ministra envío en su día al Gobierno de Murcia decía: “que el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias

convicciones, es un derecho accesorio”. El Presidente de Murcia respondió a la Ministra: “El derecho de los padres y la libertad de enseñanza son irrenunciables”.

En el concepto marxista de la educación de Gramsci, apoderarse de la escuela significa tener a futuro el poder. Habría que recordar al Presidente del Gobierno lo que el Parlamento Europeo pidió a España en 1985: que se respeten los principios de la resolución Luster sobre Libertad de Enseñanza, añadiendo: “La escuela única del modelo socialista es menos democrática que el modelo progresista de libertad de enseñanza, que existe en todos los países del mundo libre”.

La Ministra de Educación Isabel Celaá, parece olvidar que está obligada a respetar los pactos y acuerdos internacionales para la educación y la cultura que España firmó en 1977 gobernando su partido político.

El Consejo de Europa en el artículo segundo del protocolo de París en 1952, dice: “El estado en el ejercicio de sus funciones, que asumirá en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza, conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas”.

La declaración de Derechos del Niño, aprobada en la asamblea de la ONU en 1959, advierte: “El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y de su orientación, dicha responsabilidad incumbe en primer lugar a sus padres”. En 1948 la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en el artículo 26, en el punto 3, se afirma: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Por tanto, ninguna corriente ideológica puede utilizar la educación en su propio beneficio”.

El Obispo de Vitoria, Elizalde, ha denunciado la existencia de razones oscuras contra las Escuelas Católicas, afirmando que: “Parece que hay una estrategia de los sindicatos nacionalistas para perjudicar gravemente la enseñanza concertada religiosa”.

La Ministra de Educación en una reunión del Congreso de Escuelas Católicas, afirmó: “De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa, o a elegir centro educativo, podrían ser parte de la Libertad de Enseñanza, no son emanación de la Libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución”. El Secretario General de la Conferencia Episcopal, le respondió: “El artículo 27 tiene 3 pilares básicos derecho a la Educación, Libertad de Enseñanza y derecho de los padres. Le recuerdo -continuó- por si su declaración se debe a falta de

conocimiento sobre la legislación, que el artículo 27 de la Constitución dice: Los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” En 1977 el Gobierno español ratificó los Acuerdos y Pactos Internacionales, que la Ministra está obligada a respetar.

Isabel Celaá, educó a sus hijas en el Colegio de la Bienaventurada Virgen María Irlandesas, de la localidad de Lejona, en Vizcaya, conocido como Colegio Irlandesas. Se trata de un centro elitista, que se define como: «Católico, Concertado, Plurilingüe e Integral», y con «una mentalidad abierta y comprometida con la sociedad y el entorno en el que vivimos, inspirado en los valores del Evangelio».

Isabel Celaá, como otros muchos socialistas que defienden la Escuela Pública, nunca la han querido para educar a sus hijos, demostrando así su incoherencia, impidiendo sin embargo, a los padres que quieren un colegio religioso concertado, la posibilidad de elegir ese tipo de educación para sus hijos.