El Parlamento Europeo condena la persecución en Nicaragua y exige la liberación del obispo Rolando Álvarez
En una resolución aprobada este jueves, han instado a Daniel Ortega a que derogue la legislación que restringe indebidamente el espacio cívico y democrático del país
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El pleno del Parlamento Europeo ha condenado este jueves la represión y detenciones de miembros de la Iglesia Católica en Nicaragua, en particular la del obispo Rolando Álvarez, e instó al régimen de Daniel Ortega a restablecer el pleno respeto de todos los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, religión y creencias.
En una resolución aprobada con 538 votos a favor, 16 en contra y 28 abstenciones -la sexta sobre Nicaragua en esta legislatura- la Eurocámara pidió la “liberación inmediata e incondicional de todas las víctimas de detención arbitraria”, incluidos Álvarez y las personas que fueron detenidas junto a él, y que “se anulen todos los procedimientos judiciales contra ellos y las sentencias impuestas”.
Rolando Álvarez, crítico del presidente Ortega, permanece arrestado desde el pasado 19 de agosto sin que hasta ahora se hayan formulado cargos en su contra. Los eurodiputados lamentaron y condenaron “enérgicamente” el “continuo deterioro de la situación en Nicaragua y la escalada de la represión” contra la Iglesia católica, personalidades de la oposición, la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, periodistas, campesinos, estudiantes y personas de pueblos indígenas, entre otros.
La resolución aprobada por el pleno considera asimismo que el sistema judicial nicaragüense "carece de independencia” y que la ley se utiliza como “herramienta para criminalizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos". El Parlamento manifestó además su “preocupación” por los 206 presos políticos que hay en el país, lamentó el cierre “arbitrario” de otro centenar de ONG y condenó la prohibición de los partidos políticos de la oposición.
Los eurodiputados instaron a Nicaragua a derogar la legislación que “restringe indebidamente el espacio cívico y democrático del país” y pidieron a la UE que “siga apoyando a las organizaciones de la sociedad civil de ese país”. En ese contexto, pidieron que la Unión Europea (UE) y el Consejo de Seguridad de la ONU abran una investigación formal sobre Nicaragua y su presidente, Daniel Ortega, por crímenes contra la humanidad.
Los eurodiputados subrayaron que, desde 2018, el régimen nicaragüense ha practicado “sistemática y reiteradamente” encarcelamientos, acoso e intimidación contra precandidatos presidenciales, líderes de la oposición y líderes religiosos, en particular de la Iglesia católica, así como contra estudiantes y líderes rurales, periodistas, defensores de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, personas LGBTI y representantes empresariales.
También destacaron que, desde entonces, “se ha instaurado en Nicaragua un marco de represión estatal, caracterizado por la impunidad sistémica de las violaciones de los derechos humanos, el deterioro de las instituciones y el Estado de Derecho”, así como por “la connivencia entre los poderes ejecutivo y judicial”.
Por estas razones, consideraron que la UE debe extender la lista de personas y entidades sancionadas por vulneraciones de los derechos humanos, para incluir a jueces y fiscales nicaragüenses y al círculo más cercano de Ortega, y activar la cláusula democrática del acuerdo de asociación UE-Centroamérica.
