La Xunta reclama rebajas de impuestos a la industria electrointensiva

Preocupa en Galicia la situación de la industria electrointensiva. El alto precio que pagan por la electricidad Alcoa, Megasa o Ferroatlántica compromete su viabilidad y las pone en una situación de desventaja sobre las factorías de países como Francia o Alemania.

El Gobierno Central prepara un decreto que regula el acceso a la energía para ese tipo de grandes consumidores, pero el borrador no ha gustado ni al sector, ni a los sindicatos ni a la Xunta.

El caso más preocupante a día de hoy es el de Alcoa, que busca inversores para sus plantas de Avilés y A Coruña y que estas últimas horas apuntaba a que con el decreto de Pedro Sánchez incluso su planta más importante, la de San Cibrao, corre peligro de cierre.

Francisco Conde (conselleiro) "la industria electrointensiva necesita reducción de peajes y  reducción de la fiscalidad".

En la comarca de A Mariña los alcaldes se han empezado a movilizar para hacer presión y el conselleiro de Economía de la Xunta, Francisco Conde, explicaba este miércoles que la industria electrointensiva necesita "reducción de peajes y reducción de la fiscalidad".

Los trabajadores están también en pie de guerra contra el borrador y animan a quienes los apoyan a hacer alegaciones al Estatuto del Gobierno. "Vamos a darle una vuelta a la situación", proclaman a través de las redes sociales, donde también indican el correo electrónico en el que se pueden hacer propuestas para incluir en la normativa de la que pueden depender sus puestos de trabajo.

Todos os que nos apoian na nosa loita e coñecen as nosas demandas teñen a oportunidade de alegar ao Estatuto electrointensivo. Entre todos ímoslle dar a volta á situación! #Alcoanonsepecha! pic.twitter.com/p3wfvHUehU

— TraballadorDeAlcoa (@TraballadoAlcoa) 20 de marzo de 2019

Además, los trabajadores de Alcoa están preparando una manifestación delante del Congreso de los Diputados el día 28 de marzo, para intentar hacer presión al Gobierno.

PROBLEMAS TAMBIÉN PARA ENCE

No son las empresas electrointensivas las únicas preocupadas por la política industrial del Gobierno. Ence, en Pontevedra, ha visto como el Estado se ha allanado en el juicio en el que el ayuntamiento de Pontevedra intenta tumbar la prórroga que obtuvieron la anterior legislatura para seguir produciendo pasta de papel en la zona de Lourizán.

La multinacional ha congelado sus inversiones en la planta pontevedresa y alerta de que corren peligro 5.000 empleos industriales en esa comarca.