La Guardia Civil mantiene "abierta" la operación Azud en Valencia y amplía la investigación sobre las mordidas

La Guardia Civil mantiene esta mañana "plenamente abierta" la operación Azud que motivó la semana pasada la detención de 13 personas y la práctica de 46 registros en empresas, despachos profesionales y domicilios particulares de las provincias de Valencia, Alicante, Ciudad Real y Madrid, según fuentes próximas a la investigación, que incluso han precisado que la investigación se está ampliando a partir de la documentación intervenida.

De hecho, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que investigan el supuesto cobro de comisiones irregulares por una trama organizada en el Ayuntamiento de Valencia entre los años 2004 y 2011, con la presunta participación de concejales y empresarios de la construcción, analizan ya la voluminosa documentación intervenida y no se descartan más detenciones y registros.

El exsubdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana Rafael Rubio y el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau se encuentran ya en la prisión de Picassent ya junto a tres empresarios, por orden de la jueza que investiga el caso Azud, una supuesta trama de corrupción en el ayuntamiento de la capital valenciana.

Tras la declaración judicial a lo largo del pasado sábado de los 13 detenidos por la Guardia Civil en el caso Azud, la jueza encargada de la investigación decidió prisión provisional, comunicada y sin fianza de cinco de ellos "al apreciar riesgo de destrucción de pruebas", según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Los otros ocho detenidos que comparecieron ante la jueza de Instrucción número 13 de Valencia quedaron en libertad provisional con medidas cautelares como la retirada de pasaportes, prohibición de salida de territorio nacional y comparecencias semanales en sede judicial, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano.

En esta causa, que se encuentra bajo secreto de sumario, se investiga el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de Valencia, otros consistorios de la Comunidad Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales.

Las diligencias judiciales suman ya cerca de medio centenar de investigados por delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y asociación ilícita, "sin perjuicio de ulterior de calificación", según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Mientras tanto, el consejo de administración de la empresa pública Divalterra, dependiente de la Diputación de Valencia, se reunirá esta tarde para analizar la situación de su responsable jurídico, José Luis Vera, que fue detenido y ahora se encuentra en libertad con medidas cautelares.