Piden cárcel para 13 estudiantes que participaron en una huelga universitaria en 2017
Los encausados sostienen que se les juzgará por motivos ideológicos, y aseguran que han sido víctimas de un "seguimiento" por pertenecer a sindicatos de estudiantes.
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La plataforma universitaria La Pública a Judici ha lamentado que 13 estudiantes que participaron en huelgas para pedir la rebaja del 30% de las tasas universitarias en Catalunya en 2017 se enfrenten a penas de cárcel por presuntos delitos de desórdenes públicos y daños.
Un portavoz del grupo ha explicado que el juicio se celebrará los próximos 3 y 4 de junio y que la Fiscalía pide para las personas investigadas un total de 111 años de cárcel y 130.000 euros de multa.
Los encausados sostienen que se les juzgará por motivos ideológicos, y aseguran que han sido víctimas de un "seguimiento" por pertenecer a sindicatos de estudiantes.
En un vídeo difundido por La Pública a Judici, una de las investigadas afirma que los Mossos la detuvieron tres días antes de una huelga, como a dos de sus compañeras, y que horas después detuvieron a diez más para "atemorizar el movimiento estudiantil".
El grupo considera que las peticiones de cárcel a los 13 afectados son "claramente desorbitadas" y critican que en la instrucción de la causa no se ha individualizado qué hechos se imputan a cada uno de los implicados, a su entender.
Para afrontar los gastos derivados del proceso --ha explicado la portavoz-- han lanzado una campaña solidaria donde se pueden hacer aportaciones para apoyar a los afectados, que aspira a recaudar unos 15.000 euros con ese fin.
ANTE LA SECRETARIA D'UNIVERSITATS
La Pública a Judici y el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc) han organizado la tarde de este martes una acción ante la Secretaria de Universitats i Recerca de la Generalitat en Barcelona para criticar esta "represión" al movimiento estudiantil.
Allí han colgado una pancarta con el lema 'Contra la crisis educativa y por la pública, seguimos luchando'.
Según La Pública a Judici, unos 30 estudiantes que están siendo investigados por su actuación durante las huelgas de 2017 para pedir la rebaja de las tasas universitarias, que finalmente se aprobó este 2020.