Ex director de Empleo acusa a Juan Márquez y a su asesora de borrar archivos de ayudas a empresas

Un ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía ha asegurado al tribunal que juzga la ayuda a la empresa sevillana Acyco que la "mano derecha" de su predecesor en el cargo "borró" los archivos de "todas las ayudas" sociolaborales concedidas por ese órgano de la Administración autonómica.

Durante la quinta sesión del primer juicio de la macrocausa de los ERE relativo a la ayuda individual a una empresa, que se está celebrando en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, Daniel Alberto Rivera ha recordado que no tuvo "ninguna relación" con su antecesor, Juan Márquez, y que la asesora que se había traído desde Huelva, María José Rofa, fue cesada en noviembre del 2010 "por pérdida absoluta de confianza".

Rivera ha explicado al tribunal que se enteró de la presencia de "intrusos" en las pólizas con que se abonaban las prejubilaciones "cuando la prensa informó" de ello, de ahí que hubiese una "investigación interna" en la que se revisaron todos los expedientes de las ayudas, entre ellas la concedida en el 2003 a Aceitunas y Conservas (Acyco) por un importe de 2,9 millones de euros.

El exdirector de Trabajo, en el cargo desde abril del 2010 a julio del 2012, firmó la orden de pago de una segunda ayuda concedida a Acyco por Márquez en marzo del 2010 por un importe de 109.000 euros al no advertir "ninguna circunstancia extraña".

Al mes siguiente, sin embargo, destituyó a Rofa, que "borró los archivos informáticos de todas las ayudas" concedidas por la Dirección General de Trabajo, aunque fueron recuperados el día después.

Rivera ha añadido que la Junta decidió revisar todos los expedientes entre el 2001 y el 2010 después de un análisis de la Cámara de Cuentas.

"Se advirtió que determinadas personas cobraban toda la póliza desde el primer momento. Por lo visto, eso ocurrió en Acyco", ha continuado el ex alto cargo, el único procesado en esta pieza separada que no fue juzgado en el denominado procedimiento específico y para quien la Fiscalía Anticorrupción pide seis años de cárcel.

"Aquí no están mis jefes directos y estoy encartado con personas a las que no conozco de nada", ha lamentado.

Una de ellas es Encarnación Poto, expresidenta de Acyco, a quien Rivera mandó un requerimiento, al que no contestó, para que explicase por qué no había justificado el 75 % de la ayuda recibida.

Su antecesor, Juan Márquez, también ha declarado este martes y ha reconocido que, al llegar al cargo en abril del 2008, fue informado de que existía "falta de previsión financiera" en los pagos de las ayudas a empresas.

El exdirector de Trabajo se reunió "dos o tres" veces con Poto por "el agravamiento" de la situación de Acyco, aunque no fue ella sino Rofa quien le informó de que la empresa había pedido que la Junta se incorporase como demandada al procedimiento civil abierto por el bufete Garrigues por el impago de 109.000 euros relacionados con el ERE del 2003.

"No le di importancia", ha dicho Márquez, que no vinculó esa supuesta deuda con los 125.000 euros que le pidió Acyco en marzo del 2010.

El ex alto cargo también ha admitido que "nunca" tuvo "acceso a los expedientes" de las ayudas, ya que su papel "sólo era el de rubricar" las concesiones, por lo que "ignoraba qué cantidades" se daban.

"Tenía confianza ciega en el personal con el que trabajaba", ha alegado.