Línea editorial: "Guerra civil en Etiopía"

El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, pasaba hasta hace poco por un modelo de gobernante democrático y conciliador. La paz con Eritrea le valió en 2019 el Premio Nobel, y miles de millones de euros en ayuda internacional. Tres años después, Eritrea continúa siendo un régimen dictatorial; el efecto contagio ha sido más bien a la inversa, y es Etiopía la que, cada día que pasa, se parece más a su vecina.

Las tropas de ambos países, antes enemigas, luchan juntas para sofocar la rebelión en la provincia etíope rebelde de Tigray. Igual que en la época comunista, el hambre se utiliza como arma de guerra, ya que, como denuncia la ONU, el gobierno está impidiendo la entrada de ayuda humanitaria.

Ni en Tigray ni en otras zonas del país se dan las condiciones para unas elecciones mínimamente libres este 21 de junio. Abiy se ha quitado todas las caretas, y persigue abiertamente a la oposición. A las condenas de la UE y EE. UU. ha respondido con retórica populista destinada a inflamar a sus incondicionales.

Claro que, hasta ahora, al primer ministro le favorecía la invisibilidad que le proporcionaba la pandemia. Ya no. Etiopía necesita acceso a los mercados, y ahí la comunidad internacional tiene una palanca para ejercitar presión. Debe utilizarla para evitar la desestabilización del segundo país más poblado del continente, en el que, hasta ahora, sus más de 80 etnias convivían en relativa armonía.