El Tribunal de Cuentas aboga por revisar el sector público local empresarial

El Tribunal de Cuentas aboga por revisar la estructura del sector público local empresarial, de modo que la creación, la actuación y la permanencia de estas entidades dependientes responda, de manera efectiva, a razones de eficiencia, estabilidad, racionalidad y sostenibilidad financiera.

Así consta en el informe aprobado por el pleno del Tribunal sobre el ejercicio de 2016 del sector público local y que ha analizado de forma específica las cuentas anuales de las empresas municipales, que gestionan un amplio volumen de recursos y de las que hay "un número relevante sin actividad o con resultados negativos".

También se ha efectuado un examen más detallado del endeudamiento de las entidades locales.

En 2016, el sector público local se encontraba integrado por 12.964 entidades con obligación de rendición de cuentas, de las cuales la estructura fundamental la constituyen los ayuntamientos, 8.123, junto a otras 3.711 entidades de ámbito territorial inferior al municipio.

Según el órgano fiscalizador, el 61 % de las entidades locales rindieron la cuenta del ejercicio 2016 en el plazo legalmente establecido, un porcentaje superior al registrado en 2015 (56 %).

Dos diputaciones provinciales, dos cabildos insulares, 1.533 ayuntamientos, 380 mancomunidades, diez agrupaciones de municipios, nueve comarcas y 860 entidades menores no rindieron cuentas.

Por comunidades, el menor grado de rendición, a 31 de diciembre de 2017, correspondía a las entidades locales de Andalucía, con un 45 %; Cantabria (69 %), Castilla-La Mancha (65 %) y Murcia (62 %), mientras que el resto se situó por encima del 70 %.

El Tribunal de Cuentas ha formulado una serie de recomendaciones, entre las que están la de homogeneizar la normativa estatal y autonómica de los plazos de rendición de las cuentas de las entidades locales en todo el territorio nacional y regular los plazos de tramitación y rendición más breves.

Cree este órgano que deberían promoverse las reformas legales oportunas a fin de que la rendición de cuentas sea considerada un requisito indispensable para el acceso por parte de las entidades locales a los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones públicas.

Así mismo, apuesta por establecer medidas para que el presupuesto de las entidades locales constituya un "auténtico instrumento" de gestión, planificación, toma de decisiones y de medidas estructurales que permitan garantizar la solvencia financiera de los ayuntamientos.

Dentro de la reorganización y racionalización del sector público local sugiere que se revise la estructura del sector público local empresarial para que sea más eficaz y sostenible.

En términos generales, un 10 % de las cuentas remitidas se encontraban en situación de desequilibrio, dice el Tribunal de Cuentas, que recuerda que una empresa en esa situación debe disolverse según la Ley de Sociedades de Capital.

Fueron los cabildos, los consells insulars y las mancomunidades los que presentaron un mayor porcentaje de sociedades mercantiles y empresas públicas con resultados negativos en su cuenta de pérdidas y ganancias.

En el caso de los ayuntamientos, el 27 % de las empresas públicas presentaron resultados negativos, concentrándose en las empresas dependientes de los municipios con población inferior a 20.001 habitantes.