Tachan el supuesto espionaje a políticos del PP de "montaje" de PSOE y la CAM

Ramón González, abogado de dos de los acusados de espiar a políticos del PP enfrentados con la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha calificado el juicio como un montaje innecesario del Partido Socialista y la Comunidad de Madrid.

El letrado, que defiende a José Manuel Pinto Serrano y José Oreja Sánchez, dos de los funcionarios acusados de espiar al exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo y al exconsejero Alfredo Prada, entre otros, ha sostenido que el caso es una lucha entre partidos.

Además, ha denunciado los intentos de soborno y las advertencias que sus defendidos recibieron por parte de políticos, que no ha concretado.

Así lo ha alegado en las cuestiones previas del juicio con jurado de tres guardias civiles y otros tantos funcionarios por una supuesta malversación de caudales públicos para espiar en 2008 a políticos del PP, que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid.

Para González, sus defendidos son humildes trabajadores que llevan sufriendo diez años y además de excelentes profesionales que fueron absorbidos por el lado oscuro de la política.

En la causa no acusa la Fiscalía, pero sí el PSOE y la propia Comunidad de Madrid.

En el caso del PSOE, su escrito de acusación sostiene que los procesados llevaron a cabo el seguimiento de actividades privadas en numerosas oportunidades, alejándose de los trabajos públicos que tenían encomendados y que conocían perfectamente.

Se basa en los informes policiales sobre posicionamientos telefónicos y en los partes manuscritos como pruebas que acreditan que los acusados se encontraban en el mismo lugar y a la misma hora que los políticos supuestamente espiados.

Por todo esto, la acusación del PSOE considera a los acusados autores de un delito de malversación de caudales públicos y pide para ellos penas de dos a cuatro años de prisión e inhabilitación de hasta ocho años.

Además, solicita para todos ellos de manera conjunta y solidaria indemnizar a la Comunidad en 162.153 euros, la cantidad que estiman que se malversó haciendo uso de los bienes públicos.

Por otro lado, la otra acusación ha considerado los hechos un desvío del empleo legitimo de la Comunidad para su trabajo con perjuicio para la administración regional.

Por ello, pide para los acusados multas de hasta 18.000 euros y suspensión de cargo y empleo público de hasta tres años.

Las defensas de los acusados, en general, han sostenido su inocencia y han hecho hincapié en que la causa fuera archivada tres veces porque no constituye delito.

Por último, la Fiscalía pide la absolución de los acusados al considerar que solo realizaron una tarea propia de la función pública.

La fiscal ha señalado que el origen de las investigaciones de la causa, una información publicada en 2009 por un diario, proviene de una fuente anónima y por tanto no fiable.

Además, ha dicho que las pruebas del caso, es decir, los partes de seguimiento, son irrelevantes por su contenido.