Sant Julià de Ramis reclamará el dinero expoliado por Franco a sus vecinos

El Ayuntamiento de Sant Julià de Ramis (Girona) demandará al Gobierno de España para reclamar el dinero "expoliado" por el franquismo a sus vecinos y su actual alcalde, Marc Puigtió, ya ha anunciado que está dispuesto a llegar a Estrasburgo "para restituir la memoria histórica".

El pleno extraordinario de este lunes tiene previsto aprobar esta noche una moción que acuerda iniciar los trámites legales para reclamar 818.684,50 pesetas de la época, decomisadas a 134 vecinos, que ahora equivaldrían, según un estudio elaborado por la Universidad de Girona, a unos 11,5 millones de euros.

En agosto de 1938, el Gobierno franquista ilegalizó la moneda emitida por la República a partir del golpe de Estado del 18 de julio del 36 y obligó a retirarla considerándola "moneda del enemigo".

La confiscación afectó a particulares y ayuntamientos y, en pueblos pequeños que no disponían de sucursal bancaria, fueron los consistorios los que se encargaron de recoger el dinero de los vecinos y hacerlo llegar al Banco de España.

Sant Julià de Ramis es uno de los ayuntamientos que tiene mejor documentado este apartado histórico hasta el punto de que Puigtió asegura que existe un listado con el nombre de cada familia, entidad y administración, cuántas pesetas entregó cada uno y dos recibos del depósito.

Ochenta años después, el historiador Narcís Castells, junto con el bufete de abogados Delso Quintana y el consistorio, empezaron a investigar lo ocurrido.

Según Castells, "la moneda anterior al golpe de Estado se cambió y la posterior se incautó y desapareció" en el marco de una "decisión de guerra" del régimen franquista.

"La pérdida patrimonial fue terrible", señala el historiador, que recuerda el contexto de posguerra con la economía destruida y el racionamiento.

Castells cifra en una treintena los municipios de Girona que pasaron por esta situación, entre abril y julio de 1939, cuando se entregó el dinero "a fondo perdido y sin compensación" a cambio de un recibo "que nunca fue integrado".

El portavoz del bufete, Antoni Quintana, explica que partidos políticos y sindicatos recuperaron tanto el dinero como el patrimonio y también determinadas familias con las que el Gobierno llegó a un acuerdo para indemnizarlas.