¿Puede ser obligatorio el pasaporte covid para acceder a restaurantes, bares o cines en España?

El pasado martes trece de julio el Presidente de Francia, Enmanuel Macron, anunció que en su país será obligatorio presentar el pasaporte COVID para entrar en bares, restaurantes, cines y otros espacios de ocio. Ante esta medida del país vecino, nos podemos preguntar si cabe la posibilidad de que el Gobierno de España pueda implementar algo similar.

¿Qué es el pasaporte covid?

Es un código QR con una firma digital emitido, en el caso de España, por las comunidades autónomas. Puede presentarse en el móvil o solicitarlo en papel. Los datos personales que aparecen en él son el nombre, la fecha de nacimiento y la fecha de expedición del certificado.

Es válido en la Unión Europea y puede acreditar tres cosas: el certificado de vacunación, un certificado médico que acredite haber pasado la enfermedad o el resultado negativo de un test, ya sea PCR o antígenos, realizado hace 48 o 72 horas.

El fin original de este pasaporte es poder viajar dentro de la Unión Europea sin necesidad de otra prueba. No es obligatorio tenerlo para subir a un avión, pero con él se evitan las esperas en los aeropuertos y se agilizan los trámites para embarcar.

¿Puede exigirse para entrar en lugares de ocio?

Federico De Montalvo Jaaskelainen es Presidente del Comité de Bioética de España, profesor de Derecho constitucional y experto en Derecho sanitario y Bioética. Hemos hablado con él sobre la posibilidad de que el Ejecutivo implemente esta medida. Nos ha comentado que, pese a que este uso no está contemplado en el reglamento actual, en su opinión se podría implementar.

Explica que para limitar derechos se exige que la medida sea necesaria. Esto es que no se pueda conseguir el mismo fin con una medida menos limitadora. En su opinión, esta exigencia sería "una medida más intermedia y menos limitadora que impedir el acceso". Apunta que, en caso de implementarse, sería necesario describir y limitar muy detalladamente en qué situaciones se puede exigir este certificado. Sería necesario justificar que el ámbito del ocio tiene un impacto significativo en el aumento de contagios.

La medida no iría en contra de la Constitución

Se puede plantear que esta medida sería contraria al derecho fundamental a la libre circulación o contra el principio de no discriminación. En el primer caso, Federico De Montalvo señala que no es una limitación, sino una sujeción. Se permite la libre circulación, sometida a la necesidad de enseñar este certificado. Además, el interés que se intenta salvar, que es la salud pública, está por encima de la libre circulación.

El reglamento de la Unión Europea salva la discriminación al no ceñirse exclusivamente a la vacunación. El poder acreditar un test PCR o de antígenos, hace que no haya segregación de ningún tipo a quienes no han podido optar a la vacuna. De la misma forma, no iría en contra de la libertad de no vacunarse, al proponer esta alternativa al que no desee ser vacunado.

La posibilidad de hacer obligatoria la vacuna

El Presidente del Comité de Bioética ha señalado que es posible que se determine la vacunación obligatoria en ciertos sectores. También añade que no es una medida que se esté planteando, porque no hay un rechazo tan significativo a la vacuna tan grande como para tener que llegar a ello.

En caso de no conseguir la inmmunidad colectiva, es posible que se tenga que recurrir a esta medida. Explica que le parece "éticamente poco aceptable es que para alcanzar la inmunidad colectiva tengamos que vacunar a los niños, que no tienen riesgo, porque ciertas personas no se han vacunado".

La Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública podría permitir la vacunación obligatoria en contextos de epidemia y pandemia. Expone Federico que el setenta por ciento que ha estipulado la Unión Europea es una cifra estimada, pues este porcentaje varía según cada virus. En el sarampión, apunta, es superior al noventa por ciento. Puede ser un debate a futuro si se decide vacunar a los niños, que tienen un riesgo mucho menor, o se obliga a las personas que no se han vacunado a hacerlo.