A juicio por estafar a extranjeros con falsas herencias en España y Portugal

La Audiencia de Madrid juzgará a partir del jueves a una red que supuestamente estafó hasta 2011 a extranjeros con falsas herencias que iban a recibir de familiares en España o Portugal, para lo que les pedían previamente el pago de impuestos y otras cantidades de dinero bajo diferentes pretextos.

El fiscal ha solicitado penas de prisión que oscilan entre los 9 y 12 años para quince acusados por delitos continuados de estafa y falsedad de documentos mercantiles, de asociación ilícita y de tenencia ilícita de armas.

Según el escrito del fiscal, los procesados establecieron un entramado, activo hasta al menos 2011, que funcionaba en Madrid, Lisboa, Barcelona y Alcorcón (Madrid), para obtener una ganancia económica de carácter y naturaleza ilícita.

A través de él, en el que cada uno de los procesados tenía una función y finalidad concreta, convencían a ciudadanos que residían en países extranjeros de que habían heredado una importante suma de dinero como consecuencia del fallecimiento de un heredero residente en España o Portugal.

Para ganarse la confianza de las víctimas, siempre según el relato del fiscal, los acusados les enviaban correspondencia de instituciones o profesionales reputados, encabezadas con sus respectivas direcciones, coincidiendo los apellidos de las víctimas con la de los fallecidos, quienes, al no residir en España, ignoraban si las mismas eran verdaderas o falsas.

Los integrantes de esta supuesta red incluso facilitaban un número de teléfono a las víctimas para contactar con la persona encargada de gestionar el cobro de la supuesta herencia.

Una vez que éstas llamaban a dicho teléfono, los acusados les informaban de que para cobrar la herencia era necesario el pago previo de impuestos.

Y una vez pagados éstos últimos, les volvían a pedir más dinero, bajo diferentes pretextos, remitiéndoles documentación que justificaban otros reembolsos económicos como, por ejemplo, facturas por parte de la Comisión Europea, el importe de un certificado antiterrorista o de blanqueo de capitales.

El operativo delictivo continuaba hasta que las víctimas se apercibían de que eran víctimas de una estafa, concluye el fiscal.