Grupos de la oposición reprochan a Delgado su ambigüedad y coste bufete belga

PP y Ciudadanos han reprochado hoy a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, las "dudas" y "ambigüedades" en la gestión de la participación del Estado en la demanda contra el juez Pablo LLarena, mientras que Podemos y PDeCAT han cargado por la contratación y costes del bufete belga por "un asunto civil".

Delgado ha comparecido en la Comisión de Justicia del Congreso voluntariamente para explicar todos los detalles de la gestión del Ministerio en esta cuestión, pero sus manifestaciones no han complacido a los grupos parlamentarios, aunque algunos hayan celebrado la "rectificación" y "cambio de postura" de la ministra.

Como el PP, cuya portavoz María Jesús Moro ha cargado contra Delgado ya que "nunca debió decirse nada sobre que podía ser una cuestión privada, porque eso contribuía a la estrategia de los abogados" del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de los exconsellers huidos de la Justicia que presentaron la demanda ante los tribunales belgas.

Igualmente, Marcial Gómez de Ciudadanos ha lamentado "la toma de decisiones" pero especialmente el "condicionante" del Ministerio en una nota de prensa el 30 de agosto de asumir la defensa de Llarena si el tribunal belga cuestionaba la inmunidad jurisdiccional de España, pero no por los actos privados que se le atribuyen por lo que "daban por bueno el contenido de la demanda de unos prófugos de la justicia española".

Con todo, Ciudadanos y PP han celebrado el "paso final" del Gobierno de "reconocer que se trata de una demanda instrumental" exclusivamente para atacar al Estado español, aunque la ministra no haya pronunciado la palabra rectificación en su intervención.

Los portavoces de Unidos Podemos han reprobado la actuación del Gobierno ante lo que consideran "una demanda puramente civil" que "cuando llegó nadie dio importancia" y que ahora se ha convertido en una cuestión de Estado por la presión mediática, de las asociaciones y de los líderes del PP y Ciudadanos.

Además, han censurado al Gobierno por los "costes desorbitados" del bufete belga que sobrepasa el medio millón de euros cuando un abogado cobra entre 5.000 y 10.000 euros aquí por un asunto civil.

Pero la intervención más dura la ha protagonizado la representante de PDeCat, Lourdes Ciuró, quien ha acusado a Delgado de cambiar de opinión al "verse arrastrada por las presiones de la extrema derecha" ante "un relato que no tiene sustentación alguna" porque no afecta a la inmunidad jurisdiccional de España.

Y ha pedido a la ministra que remita un informe detallado que explique la contratación del bufete belga "para garantizar que no se ha vulnerado la ley de contratos del Estado", ante la posibilidad de estar frente al pago de "una defensa privada por unos actos privados con el dinero de todos los contribuyentes".

Por su parte, el PSOE ha cerrado filas con el Gobierno al defender la "actuación impecable en un tiempo récord" del Ejecutivo que ha hecho "una defensa a ultranza" de la soberanía jurisdiccional instrumentalizada través de un magistrado.