El Gobierno dice que ya están en marcha los trabajos para garantizar la ciberseguridad de las elecciones

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado este viernes que ya están en marcha los procesos para garantizar las próximas citas electorales desde el punto de vista de la ciberseguridad. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Calvo ha hecho hincapié en distinguir este ámbito del de las llamadas "noticias falsas" o "desinformación".

Todo ello porque tanto el Consejo de Ministros como el Consejo de Seguridad Nacional han sido informados, por parte del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, del grupo de coordinación europeo contra la desinformación al que España, como todos los países de la UE, va a sumarse.

Calvo ha incidido en que este asunto es "global" y requiere coordinación con los socios europeos, especialmente teniendo en cuenta que en muchos casos de campañas de desinformación se ha detectado "una conexión transnacional importante". En cambio, la ciberseguridad de las elecciones "es materia estrictamente nacional".

El informe de Borrell se debe a que el próximo lunes se lanzará en Bruselas la red de alerta rápida del sistema europeo contra la desinformación, que contará con un sistema de puntos de contacto nacionales.

"Nos incorporamos a esta red europea, que nos va a permitir tener alertas rápidas de manera suficiente para poder detectar noticias falsas y tener acceso a información verdadera", ha dicho la vicepresidenta, recordando, además, que el acceso a información veraz es una de las claves de la participación y la formación de opinión en las sociedades democráticas.

Según sus cifras, hasta un 80 por ciento de los españoles están preocupados "por la calidad de las noticias de circulan". Con el sistema de alerta rápida, ha proseguido, se trata de que si los ciudadanos reciben una noticia falsa puedan tener casi a la vez el desmentido.

Por otro lado, de cara a las elecciones generales del 28 de abril y a las autonómicas del 26 de mayo, la vicepresidenta ha insistido en que al Gobierno le habría gustado alcanzar a tiempo en el Congreso un acuerdo para reformar el llamado 'voto rogado'.

Este sistema, que rige desde 2011, obliga a los residentes en el exterior a pedir la documentación para votar en cada cita electoral y que ha provocado una caída en picado de la participación de este colectivo. El problema, además de la inconveniencia de tener que pedir el voto, es que con frecuencia las papeletas no les llegan a tiempo de poder depositarlas en los consulados o enviarlas por correo.

Calvo ha reconocido el aumento "exponencial" en los últimos años de los españoles que viven en el exterior, que superan los 2,5 millones y ha dicho ser consciente del esfuerzo que habrá que hacer a través de las redes consulares "para que el máximo número vote".