García Castellón: Del "cabify" a la escolta

Nieves Albarracín

El juez Manuel García Castellón regresó a la Audiencia Nacional en junio de 2017 tras pasar más de dieciséis años fuera de España. Cuando se fue en 2000, como juez de enlace en Francia, ETA seguía golpeando con atentados un día sí y otro también y los jueces, todos ellos amenazados, tenían escolta las 24 horas.

Cuando volvió, muchas cosas habían cambiado. La principal, ETA ya no mataba, y a esa circunstancia se unió una grave crisis económica que llevó en 2012 a reducir gastos en la Administración.

Los jueces de la Audiencia Nacional dejaron de llevar escolta y vigilancia permanente hasta que se les acabó permitiendo disponer de coche oficial para su entrada y salida del tribunal. Lo que algunos, con sorna, bautizaron como los "cabify". Tiempo después también se les puso un servicio de contravigilancia,

Ahora, García Castellón, instructor de casos tan delicados como el de Villarejo, Púnica o Lezo, además del "cabify", volverá a tener escolta después de que el pasado martes "un individuo sin identificar" irrumpiera en su domicilio.

Justo el día antes se conocía que el juez había pedido un informe acerca de una carta del excomisario sobre la autoría del 11M, en la que apunta a servicios secretos de Francia y Marruecos.

Esa persona que allanó su casa, en lo que se sospecha que pudo ser un "aviso mafioso", entró sin forzar la puerta, estando un familiar dentro y salió, dejando la puerta abierta, y sin llevarse nada, ni siquiera su ordenador.

Hasta este incidente, su seguridad no parecía seriamente comprometida hasta el punto de necesitar escolta, tal y como ahora ha acordado el Ministerio del Interior al conocer lo ocurrido.

Hace un año él mismo pidió protección para uno de sus imputados, el arrepentido del caso Púnica, David Marjaliza, que en una de sus múltiples comparecencias denunció que había sufrido amenazas.

El magistrado se dirigió a Interior para que evaluara la situación y finalmente acordó ponerle contravigilancia, servicio del que también disponía hasta ahora García Castellón, según han precisado a Efe fuentes jurídicas.

El Ministerio del Interior retiró en 2012 la casi totalidad de los escoltas que hasta entonces protegían a los jueces y fiscales de las más altas instancias de la justicia -Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Consejo General del Poder Judicial-, lo que causó malestar y preocupación en este colectivo.

El anuncio, en octubre de 2012, de que ETA abandonaba su actividad armada, así como la difícil situación económica fueron las razones que llevaron a tomar esa decisión.

Un año después, en plena instrucción del caso Bankia, el Ministerio del Interior puso un servicio de seguridad temporal a los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional para escoltarles en vehículos oficiales a la entrada y salida del tribunal y así evitar a los manifestantes que protestaban frente a su sede por los casos de corrupción que estaban investigando.

La decisión de escoltar únicamente a los seis jueces de instrucción se tomó al considerar Interior que son "la cara más visible" de la Audiencia Nacional, al llevar casos de corrupción de gran repercusión mediática, y tuvo también en cuenta que la calle Prim, en la que se situaba en esos años la sede del tribunal mientras la de Génova estaba en obras, es muy estrecha.

La mayor parte de los magistrados de la Audiencia Nacional consideran insuficientes estas medidas y creen necesario que se les dote de escolta, fundamentalmente a los de instrucción, por el tipo de causas que manejan -terrorismo, corrupción, narcotráfico y clanes mafiosos- y que les ponen en la diana.