Gobierno somete a información pública las ayudas a rehabilitación y vivienda

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha colgado en su página web el proyecto de real decreto por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del plan de recuperación, transformación y resiliencia, en el marco del proceso de participación pública.

Una vez aprobado el plan de recuperación por la Comisión Europea, ha arrancado la tramitación de la regulación necesaria para movilizar una parte importante de la inversión prevista para la rehabilitación y regeneración urbana y para la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes.

Estas inversiones, junto con las medidas fiscales que se regularán en otra norma con rango de ley, cuya tramitación se llevará a cabo en las próximas semanas, suman 4.420 millones de euros y se ejecutarán hasta 2026, ha informado este viernes el ministerio en un comunicado.

A partir de hoy y hasta el próximo 9 de julio, se abre el trámite de información pública mediante el cual los ciudadanos, organizaciones y asociaciones podrán aportar opiniones y observaciones que permitan enriquecer y conformar el texto definitivo que continuará con la tramitación administrativa y aprobación final.

El proyecto de real decreto concreta la instrumentación de las inversiones en rehabilitación y vivienda social, cuya gestión corresponderá a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en estrecha colaboración con el ministerio.

En el ámbito de la rehabilitación, todas las ayudas están condicionadas y moduladas por los ahorros energéticos que se obtengan con la actuación.

Además, el real decreto abre la puerta a que puedan subvencionarse documentos técnicos como el Libro del Edificio Existente, enfocado a ofrecer a las comunidades de propietarios el potencial de mejora de su edificio y una posible planificación de actuaciones.

También permitirá dar apoyo a las "oficinas de rehabilitación", cuyo objetivo será el de coordinar, informar y facilitar la gestión de las ayudas y la prestación de servicios que contribuyan a agilizar la implementación y la gestión integral de los proyectos de rehabilitación energética en el ámbito residencial.

De los 4.420 millones de euros, el real decreto articula la inversión de 1.000 millones para el fomento e incremento del parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social.

Estas promociones podrán ser financiadas en su totalidad por los promotores públicos si bien, prioritariamente, deberán promoverse fórmulas de colaboración público-privada que optimicen la utilización de los fondos públicos.

Esta regulación se promueve como un instrumento complementario del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, cuyo proyecto de real decreto también se acaba de someter a trámite de información pública. EFE