La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual pasa su penúltimo trámite

 El proyecto, que remite en su texto a una reforma integral de la propiedad intelectual en un año, ha sido aprobado por 132 votos a favor, 90 en contra y 3 abstenciones del Pleno, que ha rechazado los 6 vetos y las más de 200 enmiendas parciales presentadas.

cope.es cope.es

Tiempo de lectura: 3' Actualizado 09 may 2017

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual ha pasado esta noche su penúltimo trámite tras aprobar el pleno del Senado el proyecto de ley con los votos del grupo popular en un debate en el que se han cruzado acusaciones de utilización y castigo al mundo de la cultura. El proyecto, que remite en su texto a una reforma integral de la propiedad intelectual en un año, ha sido aprobado por 132 votos a favor, 90 en contra y 3 abstenciones del Pleno, que ha rechazado los 6 vetos y las más de 200 enmiendas parciales presentadas. Tras ser aprobado por la Comisión de Cultura del Congreso, la del Senado y el pleno de la Cámara Alta, el proyecto de ley volverá ahora al Congreso para ser aprobado por el pleno definitivamente. Durante el debate el portavoz del grupo popular, Alberto Casero, ha acusado al PSOE de utilizar de manera reiterada la cultura a favor de sus intereses: "el mundo de la cultura no es de ustedes, es de este país pero siempre lo han entendido como una cultura subvencionada a su interés" mientras que su partido, ha dicho, nunca ha pedido "que salgan en una fotografía" apoyando a un candidato. Por su parte, el senador socialista Félix Montes ha asegurado que los elementos fundamentales de la reforma, que ha calificado de "desastre", tienen "un claro tufillo de 'vendetta' al mundo cultural y creativo" y ha dicho que el PP insiste en "demonizar a la sociedad civil". En la defensa del proyecto, el portavoz del grupo parlamentario popular ha argumentado que era necesario y urgente realizar una reforma parcial de la ley sin renunciar a otra integral "con el objetivo principal de salvaguardar los derechos de los creadores". "Dicen que para qué hacemos esto si dura un año, pero el Gobierno cree que es necesario porque la situación de la piratería en España no se sostiene más", ha recalcado Casero. Los grupos de la oposición han coincidido en calificar la reforma de "parche" y han reiterado sus críticas a la financiación de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, así como a la previsión de que los agregadores de contenidos paguen un canon a los grandes editores de periódicos de forma irrenunciable. Por parte del grupo socialista, Domingo Fuentes ha asegurado que con esta reforma, que ha calificado de injusta y arbitraria, el Gobierno crea un problema donde no lo había. "El diálogo ha brillado por su ausencia y el Gobierno ha sido abducido por los grandes grupos de presión, olvidándose del consenso", ha asegurado Fuentes. La portavoz de ERC Ester Capella ha sostenido que la capacidad de consenso del Gobierno y del grupo popular se ha visto en "cómo han logrado poner de acuerdo" a toda la oposición y los sectores afectados en contra de la reforma. El senador de Izquierda Unida José Manuel Mariscal ha destacado también el "amplio consenso de oposición" que ha cosechado esta norma en todos los sectores, algo que pasa "cuando se utiliza el rodillo para imponer y no se utilizan las orejas para escuchar a los sectores afectados por la ley". Jordi Guillot, de Entesa pel Progrés de Catalunya, ha destacado la inoportunidad de la norma y la falta de diálogo y ha asegurado que con esta reforma "no tenemos un canon, sino dos", en referencia a la previsión de que los agregadores de contenidos paguen un canon a los grandes editores de periódicos de forma irrenunciable. Carles Martí Jufresa ha defendido el segundo de los vetos presentados por Entesa expresando su sospecha de que la reforma "es un ajuste de cuentas por la espalda", porque con todos los cambios que propone "salen ganando siempre" las grandes empresas tecnológicas y editoriales "y nunca los trabajadores de la cultura". La senadora del grupo vasco Rut Martínez ha mostrado su rechazo total a la ley, que ha considerado un "auténtico despropósito", y ha explicado que no presentaron veto porque creyeron las declaraciones del Gobierno diciendo que iban a negociar y, por el contrario, la sensibilidad ha sido "cero".