La Policía sostiene que la familia Pujol funcionaba como un "grupo criminal"

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) señala a Jordi Pujol Ferrusola como “el conseguidor” de comisiones.La Policía ha registrado esta mañana los domicilios de Jordi Pujol y Marta Ferrusola y la de sus hijos Jordi, Pera y Josep Pujol. En total se han practicado hasta 14 registros en empresas vinculadas con tres de los siete hijos del ex president. La Policía busca documentación reclamada por la Audiencia Nacional en una de las causas que se sigue contra el clan. Los registros están relacionados con la causa judicial abierta por blanqueo de capitales y fraude fiscal contra el primogénito de los Pujol y con los nuevos datos aportados por la comisión rogatoria remitida por Andorra al juez de la Mata, titular del Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional y con los que han detectado en torno a media docena de cuentas de las que es administrador Jordi Pujol Ferrusola y en las que podrían haber manejado según creen los investigadores más de 30 millones de euros. Unos movimientos que procederían del presunto cobro de comisiones ilegales.Según ha sabido COPE, en AndBank y BPA aparecen ahora registradas hasta media docena de cuentas de las que era administrador Jordi Pujol Ferrusola. Los movimientos de esas cuentas con el exterior y entre ellas mismas vienen a acreditar, según los investigadores, que algunas actividades presuntamente criminales de Jordi Pujol Jr. no son imputables sólo a él sino también a varios de sus hermanos. De hecho, según fuentes de la investigación consultadas por COPE, el primogénito de los Pujol actuaba como “gestor de una parte del patrimonio” de algunos de ellos. El funcionamiento de la familia Pujol reuniría todos los parámetros para ser considerado, según la Policía, como un “grupo criminal” que llevaba funcionando desde hacía al menos 25 años. A la cabeza sitúan los investigadores al patriarca, al ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol i Soley. Los empresarios no sólo habría financiado al partido a través de la Fundación, también habrían aportado dinero a bolsillos de algunos dirigentes. La Policía ve, lógicamente, con muy buenos ojos, dentro de ese planteamiento de trabajo, que se reúnan las distintas causas abiertas al clan familiar. Así, la Fiscalía ya ha pedido que se remita a la Audiencia Nacional la investigación que se sigue en el juzgado número 31 de Barcelona sobre las cuentas de Jordi Pujoil i Soley en Andorra. La defensa del ex president se opone a ese traslado. En los informes policiales a los que ha tenido acceso COPE, Jordi Pujol i Ferrusola es definido como “una especie de conseguidor”. Las relaciones que mantenía gracias a su ascendencia política y familiar le han abierto muchas puertas: Obtiene, consigue, facilita, promueve, concierta con personas y empresas operaciones con pìngües beneficios que presuntamente sustrae del control de la Hacienda pública. Por ello debe de ocultarlo en lugares seguros y opacos para posteriormente reintegrarlo en el circuito financiero. De entrada se asegura en esos documentos policiales que “ha llegado a disponer de un patrimonio mobiliario superior a los 40 millones de €”. La UDEF ha descubierto cómo Jordi Pujol Jr habría contratado gestores profesionales para que le pusieran a su disposición toda una estructura de sociedades para mover capitales. De hecho los investigadores aseguran que realizaba todas las operaciones tradicionales destinadas al blanqueo o lavado de capitales. Destaca entre ellas lo que se denomina la “circularización”, lo que se interpreta como la fase última en las operaciones de blanqueo, propio de las organizaciones criminales. La investigación destaca la inversión llevada a cabo por Jordi Pujol i Ferrusola en la compra de Puerto Rosario (Argentina). Cree la Policía que se habría inyectado una cantidad millonaria procedente de las cuentas en Andorra y, una vez enajenado el negocio, se reintegró el dinero en España blanqueando su procedencia. Algo similar habría ocurrido con la Comercializadora Grupo Kaklabb S.A., en México. Hay indicios de que se habrían hecho contratos falsos con el fin de dar apariencia de legalidad a dineros procedentes también del Principado. Dentro de esta operativa, muchas empresas se dirigían al presunto “conseguidor”. Entre ellas algunas tan conocidas como Fomento de Construcciones y Contratas. La investigación estableció que pagó más de 700.000 € a la sociedad instrumental Brantridge Holdings. Luego fue dirigido a Jordi Pujol i Ferrusola. Los paraísos fiscales aparecen lógicamente en la operativa habitual del primogénito de los Pujol. La investigación ha determinado con precisión que ha utilizado lugares como Lietchenstein, Bahamas, Madeira, Panamá, Jordania o isla de Guernsey entre otros como destino de su dinero o la realización de distintas operaciones. Incluso han sido identificados socios y testaferros de Pujol i Ferrusola como Juan Manuel “John” Rosillo, ex presidente de la promotora Kepro, muerto en extrañas circunstancias en Panamá, según la Policía. Algunos de estos testaferros habrían recibido dinero procedente de Andorra para ser colocado en negocios de Pujol en Iberoamérica. La investigación aprecia dos fases en la entrada de dinero en las cuentas de Andorra. En un primer momento, aseguran a COPE, se hacían ingresos en efectivo; después se recurrió a la facturación por servicios que podrían ser considerados fantasma.