ACTUABAN EN LA RIOJA, ALAVA, BURGOS Y NAVARRA
La Policía Nacional detiene a 34 personas y desarticula tres empresas ficticias
Se ha podido determinar la existencia de un grupo organizado de ciudadanos pakistaníes y rumanos que, mediante la creación de “empresas ficticias”, han venido vendiendo contratos y nóminas de las mismas a otros ciudadanos extranjeros con el fin de que éstos pudieran obtener beneficios ante la ley de extranjería y/o adquirir derechos de prestaciones sociales. Han sido detenidas 34 personas, de las cuales 4 son parte de la organización, pasando éstas últimas a disposición judicial y quedando las treinta restantes, en libertad con cargos.
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Tiempo de lectura: 1' Actualizado 27 may 2017
La mecánica funcional consistía en la actuación como empresarios de uno de los componentes del grupo, el cual presentaba unos estatutos de creación de la sociedad civil o limitada, puesto que éstas han sido las dos versiones utilizadas, ante la Consejería de Hacienda de La Rioja. A continuación, acudían a la Delegación de Hacienda Estatal, consiguiendo ya su CIF, para así poder realizar operaciones tales como ofertas de trabajo y darse de alta en el sistema de Red de la Tesorería de la Seguridad Social. A partir de este momento, comenzaron a perfeccionar los documentos, que con una apariencia absolutamente legal, vendían a aquellos clientes que el resto del grupo captaba. Tenían que pagar entre 150 y 300 euros por un contrato, nóminas o certificados, aunque en algún caso llegaron a pagar al empresario ficticio hasta 3.000 euros. Se ha podido determinar, así mismo, que una vez conseguido pasar los filtros, cometían un segundo fraude: presentar ante el SEPE (Servicio Estatal Público de Empleo) esta documentación al objeto de solicitar la prestación por desempleo, lo que en muchos casos consiguieron. Por este sistema consiguieron dar de alta ficticiamente a unas 500 personas durante los dos últimos años. Aunque es difícil cuantificar el fraude y perjuicio cometido contra la Seguridad Social, la Policía Nacional sí ha podido cuantificar, aproximadamente, el perjuicio evitado al poner fin a esta actividad ilícita, y que se cifra en torno a 400.000 euros. El SEPE tenía previsto pagar en prestaciones en torno a 100.000 euros, lo que también se ha impedido. Además, se ha producido un fraude, en prestaciones indebidamente percibidas, al SEPE en 253.000 euros.