Carlos Puigdemont parece haber encontrado un filón en Bruselas con su reiterada pregunta retórica de si el Gobierno, e incluso la Unión Europea, están dispuestos a aceptar los resultados de las elecciones del 21 de diciembre. Es evidente que Puigdemont, protagonista y guionista de la rebelión contra la legalidad constitucional, pretende sembrar la duda sobre las intenciones del Gobierno español, dando a entender que rechazaría el resultado del escrutinio en el supuesto de ganaran los partidos secesionistas. Nada más lejos de la realidad. No hay asomo de duda sobre la finalidad de la aplicación del artículo 155 de la Constitución: restablecer la normalidad democrática mediante la convocatoria de unas elecciones con todas las garantías. Y los partidos independentistas dejaron claro desde el primer momento su intención de participar en esta convocatoria.

Resulta algo más que grotesco sugerir que el Gobierno de España no reconocería la hipotética victoria de esos partidos que, por cierto, no está nada clara. Si eso sucediera, el Gobierno y los demás poderes del Estado esperan que el nuevo Gobierno de la Generalitat siga los cauces de la Constitución y plantee sus aspiraciones en el Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía nacional. Esta es la legalidad y la realidad que Puigdemont y los suyos tratan de sustituir con leyendas y fantasías que ya no convencen ni a los suyos, mucho menos a una Europa que no puede aceptar la rebelión contra la ley como forma de actuación democrática.