Desde hace seis años venimos escuchando que las grandes manifestaciones con motivo de la Diada demuestran que no hay más solución para Cataluña que la independencia. La manifestación de ayer, que debía ser la definitiva, acusó según parece un descenso en el número de participantes en relación con otras ediciones. Los partidarios de la independencia tienen todo el derecho a manifestarse y reclamar la secesión. Es un derecho constitucional. Pero el mayor o menor éxito de una manifestación no puede servir para exigir que se suspenda ese mismo ordenamiento constitucional. Los convocantes de la manifestación repiten un presupuesto falso: que ellos representan al pueblo de Cataluña. Atribuirse esa representación por sacar a la calle centenares de miles de personas supone actuar contra los principios fundamentales de cualquier sistema democrático. Los independentistas tienen una gran capacidad de convocatoria, pero la Comunidad Autónoma de Cataluña se expresa a través de las urnas y dentro de los cauces establecidos por la Constitución, como en toda democracia de rigor. La calle ha sido utilizada habitualmente en los procesos revolucionarios para sustituir al pueblo real, para atribuirle una voluntad colectiva que debería canalizarse de otro modo. La calle, en definitiva, ha sido una herramienta para imponer la voluntad de una parte. Parece que en Cataluña se repiten los viejos vicios.