La esperada euroorden de detención de Carlos Puigdemont será la consecuencia jurídica de la actitud de rebeldía ante la legalidad constitucional que mantiene el expresidente de la Generalitat desde el inicio mismo del proceso de independencia de Cataluña. Le corresponderá entonces al Gobierno y a la justicia belga actuar de acuerdo con los Tratados de la Unión Europea, lo cual no debiera causar, en principio, ningún problema jurídico o diplomático. No obstante, la estancia de Puigdemont en Bruselas se ha convertido en un auténtico rompecabezas para el Gobierno belga, que ya ha visto enfrentarse a los dirigentes de la frágil coalición que lo sostiene.

El líder francófono y primer ministro Charles Michel, ha dejado claro que Puigdemont no se encuentra en el país como invitado, sino como simple ciudadano que goza de la libre circulación en el seno de la Unión Europea. Sin embargo, el líder nacionalista flamenco y alcalde de Amberes, Bart De Wever, declaraba que el expresidente catalán era un amigo personal con el que mantiene estrechos contactos, y que no piensa dar la espalda a un amigo con problemas. El “caso Puigdemont” puede tener consecuencias letales para la ya complicada estabilidad política belga, además de poner a prueba la solidez de los acuerdos europeos. Todo va a depender de la respuesta que se de a la demanda de la Justicia española.