Shakira, tras no llegar a un acuerdo con Hacienda, la cantante se enfrenta a seis delitos contra la hacienda pública, con las agravantes de la cuantía de la defraudación y utilización de personas jurídicas interpuestas. Los motivos son por no presentar la liquidación del IRPF y el impuesto de patrimonio de los ejercicios de 2012, 2013 y 2014 con una cantidad de más de 14 millones de euros.

Por estos delitos, la fiscalía pide para Shakira ocho años de prisión y una multa de 24 millones de euros. La acusación pública sostiene que la cantante evadió impuestos en Bahamas cuando debía hacerlo en España. La cantante colombiana deberá sentarse en el banquillo para defender su inocencia.

Ignacio Ruiz-Jarabo, economista y exdirector de la Agencia Tributaria, ha estado en ‘TRECE al día’ para aclarar cuál es la gravedad del asunto: “A diferencia de otros casos famosos, como pueden ser los futbolistas, aquí no se trata tanto de la aplicación de una técnica tributaria sino de un tema de prueba que es, ¿dónde ha sido Shakira residente durante los años 2012, 2013 y 2014? También, a diferencia de otros casos famosos donde eran españoles que habían dejado de residir en España para residir en otro lugar… ellos debían probar que habían cambiado de residencia… pero con Shakira hay un matiz porque ella viene de ser no residente en España y es la Agencia Tributaria quién dice que desde 2012 sí que lo es por lo que la Agencia Tributaria es quién debe demostrarlo”.

Según Ignacio, y basándonos en estas explicaciones, no sería complicado que un tribunal decidiera quién tiene razón de las dos partes, aunque señala que hay que ver si “la Agencia Tributaria, en esa búsqueda de pruebas, no ha sobrepasado los límites del derecho a la intimidad. No digo que lo haya hecho, pero me preocupan algunas cosas que he leído”.

¿Qué cree que sucederá en este juicio?: “Si yo tuviera algo de dinero, me lo apostaría a que, finalmente, hay un pacto extrajudicial. Este pacto puede ser hasta 10 segundos antes de iniciarse el juicio. Lo creo porque el riesgo de un posible fallo en contra existiendo una solicitud de una privación de libertad por ocho años es un riesgo difícil de aceptar. ¿Por qué tan tarde? Esto es un tema de táctica de las dos partes para que la otra ceda en mayor medida”, augura Ignacio Ruiz Jarabo.