En julio del año 2020, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salió a decirnos que habíamos vencido al virus. Por si acaso, la vicepresidenta, Carmen Calvo, nos avanzó que se iba a desarrollar la legislación sanitaria por si en el caso de que en el mes de septiembre u octubre hubiera problemas, los gobiernos autonómicos dispusieran de las herramientas para que dictaran restricciones.

¿Qué ocurrió? Que esa legislación no se desarrolló de la forma en la que estaban reclamando los gobiernos autonómicos, de hecho no se desarrolló de ninguna manera porque todavía está sin hacer y un juez que decía una cosa en Asturias decía una cosa contraria a la que decía uno en Madrid. Teníamos un lío tremendo y hubo que decretar otra vez el estado de alarma.

Estamos ni las mismas circunstancias. Va a decaer el estado de alarma el 9 de mayo y las comunidades están a la intemperie. En varias ocasiones ha propuesto el Partido Popular a nivel nacional un desarrollo de esa legislación que anunció Carmen Calvo. Ahora sale la vicepresidenta y dice que tenemos una ley de 1986, cuando no había ni covid y que con esa se pueden dictar las restricciones que haga falta.

Lo de que haya que dictar restricciones a estas alturas, en las que ya todos sabemos de qué va esto es una cosa cuestionable. En el caso de que haya que dictarlas, ¿vale una ley del 86? ¿Por qué Carmen Calvo consideró que era necesaria otra legislación el verano pasado? Estas declaraciones que dicen una cosa y mañana la contraria en boca de la misma persona son las que conducen a las desobediencias ya las confusiones en la población. Fijemos un criterio y llevémoslo hasta el final, aunque esté equivocado.