El Gobierno esperará el criterio del Tribunal Supremo sobre la potestad de las comunidades para restringir derechos fundamentales fuera del estado de alarma para hacer cambios legales si fuera necesario, aunque el Partido Popular cree que su ley de pandemias acabaría con este "desaguisado" en solo 15 días.

Desde el Ejecutivo están convencidos de que no son necesarias actuaciones concretas para evitar situaciones como las vividas este fin de semana en varias ciudades españolas tras el decaimiento del estado de alarma porque, entre otras cosas, las autonomías cuentan con un arsenal de posibilidades más que suficiente para atajarlas.

Lo que los gobiernos autonómicos no pueden, por el contrario, es decretar medidas como el toque de queda o el cierre perimetral sin estado de alarma, si bien les ha recordado que la ley les permite pedir al Gobierno central que aplique esta situación excepcional en su territorio para poder así implementarlas.

Así lo ha señalado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que indica que "se estudiarán y se propondrán a las Cortes" cambios legales adicionales si se ven necesarios tras el pronunciamiento del Supremo, que en última instancia debe decidir qué restricciones de derechos fundamentales puede aprobar un gobierno autonómico.

Tras lo cual, Campo ha aclarado en una televisión que no es que se esté preparando ninguna reforma legal para restringir derechos fundamentales, insistiendo en que, aunque las comunidades no pueden adoptar este tipo de restricciones sin su paraguas, pueden pedirlo al Gobierno cuando así lo estimen conveniente.