El Gobierno afronta mañana el debate parlamentario del decreto para tratar de contener el efecto de la subida del precio del gas en la factura eléctrica con la decepción de que la Unión Europea (UE) no haya abierto hoy la puerta a revisar el sistema de subastas que rige en Europa.

Después de haber dicho que estaba dispuesto a revisar las medidas incluidas en ese polémico decreto que afectan a los beneficios de las eléctricas si la UE adoptaba medidas conjuntas contundentes, las propuestas presentadas este miércoles por la Comisión Europea han decepcionado al Ejecutivo.

En palabras de la ministra del ramo, Teresa Ribera, se trata de propuestas "manifiestamente incongruentes" y que no abordan "la excepcionalidad de la situación", que se puede prolongar "algún tiempo", y ha defendido que sería una pena que Europa "no esté a la altura de las circunstancias".

El Ejecutivo ha señalado en las últimas fechas la necesidad de revisar el sistema de fijación de precios de los mercados eléctricos, cuyo componente marginalista penaliza a las fuentes más baratas, normalmente las renovables, y provoca que la tecnología más cara marque el precio del resto.

Al contrario de lo que buscaba España, la Comisión cree que los Estados miembros son los que están "en mejor posición y equipados" en el corto plazo para hacer frente a la escalada de precios energéticos, y considera que las normas comunitarias permiten reaccionar con "flexibilidad" a esta situación.

Además, España ha propuesto crear una plataforma comunitaria que centralice las compras de gas natural para crear una reserva estratégica que garantice el suministro, y revisar el mercado de emisiones de dióxido de carbono (CO2) para evitar la especulación, limitando la presencia en este a las empresas energéticas e industriales.

En cualquier caso, este debate se trasladará a la cumbre europea del 21 y 22 de octubre, cuyos acuerdos podrían aplicarse de manera inmediata y repercutir en el recibo del mes de noviembre.