Inmatriculaciones: "La Iglesia lo ha hecho bien"

Isabel de Salas Murillo, registradora de la Propiedad en Soria, desmiente las insinuaciones sobre bienes irregularmente inmatriculados, cosa rotundamente falsa

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Ante los titulares periodísticos aparecidos en los días pasados sobre el resultado de la investigación hecha por la Iglesia de los bienes que tiene inmatriculados en el Registro de la Propiedad, son muchas las personas que han querido intervenir en los medios para “ hacer algunas aclaraciones por razones de justicia e imagen, tanto de la Iglesia como de la institución registral”.

Es el caso de la registradora de la propiedad Isabel de Salas Murillo, que ha querido a través de una carta abierta alertar de las referencias en la provincia de Soria, “de la que se insinúa tiene la Iglesia bienes irregularmente inmatriculados, cosa rotundamente falsa”.

La Iglesia Católica ha podido inmatricular sus bienes en el Registro de la Propiedad con certificación eclesiástica de dominio expedida por el obispo del lugar, acreditativa de poseerlos desde tiempo inmemorial y tenerlos en su inventario. Lo hecho hasta y “lo ha hecho bien, ya que utilizó el procedimiento legal para poner en orden sus bienes y protegerlos, como tiene que hacer un buen administrado”.

La Iglesia inmatriculó legalmente

Según explica De Salas Murillo, “desde sectores sociales y políticos, poco amigos de la libertad religiosa y de la libertad en general, se ha seguido una campaña de desprestigio contra la Iglesia Católica, centrada en lo que absurdamente siguen llamando «ilegalidad» de las inmatriculaciones”. Algo que el propio Gobierno de España declaró que “se inmatriculó legalmente”.

A mediados de 2017 se produjo una petición del Gobierno a la Dirección General de los registros y notariado para que, a través del Colegio de Registradores, le proporcionara un listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia mediante certificación de su inventario. Recibido el listado, el Gobierno se dirige a la Conferencia Episcopal para que revise el listado de los aproximadamente 35.000 bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1998 a 2015 con certificación de dominio por si alguno no fuera de su propiedad y poder así regularizar su situación.

Un ejercicio de transparencia

“La Iglesia, en un ejercicio de transparencia absoluta, como no lo ha hecho ninguna de las otras entidades públicas que también han inmatriculado por esa vía y lo siguen haciendo a día de hoy, ha revisado todo el listado remitido y ha detectado incidencias en unos 2500 inmuebles que, finalmente, se han reducido a 1000 y que pueden no ser de la Iglesia por muy distintas razones: doble inscripción, desaparición del inmueble, expropiación forzosa, reconocimiento de dominio a favor de ayuntamiento que éste no ha formalizado... y un largo etcétera debidamente documentado”.

En concreto, la Diócesis de Osma-Soria ha detectado unos bienes del listado remitido que no puede identificar y que no deberían estar en la lista de sus propiedades inmatriculadas, bienes que nunca ha inscrito a su nombre.

"No han «pillado» a la Iglesia"

Por lo tanto, tal y como declara la registradora “no es justo que se escriban titulares que insinúan que la Iglesia se ha inscrito bienes que no son suyos, apropiándose de ellos con malas artes y que ahora debe devolver porque la han “pillado”. Esos titulares faltan a la verdad: no hay apropiación indebida y menos a sabiendas y no se trata tanto de devolución como de corregir incidencias de los listados”.

Es más, desde su experiencia profesional “de más de 30 años como Registradora”, la Iglesia no ha tenido reparo “en cancelar las inscripciones de bienes erróneamente inscritos a su favor cuando algún ayuntamiento o entidad le ha probado mejor derecho y lo ha hecho sin aspavientos y con naturalidad. Asimismo, ha defendido ante los tribunales sus derechos cuando lo ha considerado conveniente y se discutía sobre la propiedad de algún bien (sobre todo con ayuntamientos), acatando la sentencia recaída en cada procedimiento. La Iglesia no quiere nada que no sea suyo”.

La carta concluye con la petición a las Administraciones y Corporaciones de derecho público, para que “sigan este ejemplo y depuren los listados de sus fincas inmatriculadas con el mismo procedimiento de certificación de dominio que utilizó la Iglesia. Tal vez se encuentren con alguna sorpresa. Sospechar solo de la Iglesia en el uso de este procedimiento revela una doble vara de medir inadmisible en una sociedad democráticamente madura como la española".


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