En febrero del año 2015 Alejandro fue asesinado por su padrastro, que lo ahogó en una balsa de los montes de Málaga. El menor tan solo tenía tres años. El acusado fue condenado a 17 años y medio de prisión. Aquel fatídico día, recogió a Alejandro del colegio para trasladarle a la balsa para arrojarle al agua, ya que era consciente de que su hijastro no sabía nadar.

Cuatro años después, los familiares de Alejandro lloran su muerte. Pero también están inmersos en una batalla judicial para que la Justicia les reconozca la indemnización que les corresponde en compensación (si así se le puede llamar) por los hechos. Su abogada, la perito judicial y criminalista forense, María Teresa Fortea, asegura que en este caso se cometieron algunos errores judiciales que impidieron a la familia percibir la indemnización.

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Fortea achaca esta decisión judicial a la incompetencia de los abogados criminólogos que llevaron en un primer momento la defensa de la familia: “El problema es que son criminólogos, pero no criminalistas, y por tanto no están preparados para llevar estos casos. Parece que es lo mismo, pero no. Por eso, orientan mal a las familias, se aprovechan de la desesperación y a la larga, sus defendidos se quedan sin percibir lo que les corresponde. Y una vez que te quedas sin dinero y sin poder recuperar la vida de su ser querido, los familiares más cercanos de la víctima mortal empeora, llegan los problemas psicológicos, las depresiones y las pérdidas económicas, porque si no trabajas debido a tu estado mental…”

De esta manera, apunta Fortea, los clientes acaban por perder todos sus derechos: “Si yo soy una víctima indefensa, no sé defenderme no tengo ni idea de lo que me pertenece y lo que no y nadie es capaz de asesorarme… estoy perdida. Es necesario que haya especialistas que sepan llevar estos casos tan específicos.”

La criminalista forense ha añadido que en este caso hay recorrido judicial que podría llegar a buen puerto, aunque apunta que será un proceso largo: “Yo investigué si tenían derecho a una indemnización que la justicia les negó, y comprobé que sí. De las cantidades prefiero no hablar, porque es un tema personal y depende de las variantes. Pero hay recorrido judicial. Es a la Junta de Andalucía a quien le corresponde pagar, ya que los hechos tuvieron lugar en Málaga.”

Mientras llega la sentencia, los familiares siguen destrozados, sin dinero y, sobre todo, sin Alejandro: “Algunos de ellos necesitan ayuda psicológica”, remarca su abogada.