Laura Velasco se alistó al Ejército por vocación de servicio a su país. Dejó su empleo estable para ingresar en las Fuerzas Armadas. Pero su estancia en Afganistán en el año 2010 como parte de la misión de la OTAN cambió su vida. Y es que el 15 de julio, la soldado resultó herida de gravedad tras precipitarse desde una altura de tres metros mientras registraba un vehículo para detectar explosivos.

Unos días más tarde tuvo que ser operada. El accidente laboral le dejó secuelas en el tobillo y la rodilla. A día de hoy, camina con muletas nueve años después de aquello. Pero lo que realmente le duele a Laura, más que las heridas, es el trato que recibió por parte del Ejército, que la despidió cuando le faltaban cinco meses para cumplir su contrato. Lo hicieron a través de un mensaje de móvil.

Aún percibe algo de paro, pero su incertidumbre económica acecha. Tanto es así que tuvo que trasladarse junto a sus hijos, de dos y tres años, a casa de sus padres en Manises (Valencia): “Nos apañamos con el paro y la paga que percibe mi padre”, apunta Laura.

Desde que se efectuara su despido, Laura emprende una batalla legal para que reconozcan su grado de discapacidad real. Y es que además de las secuelas y de las múltiples operaciones, ha perdido tres nervios, dos tendones, los ligamentos internos, el pie y la rodilla equino, contusiones en la espalda...Pero, a día de hoy, el Ministerio de Defensa le da la espalda.

La militar pasó el tribunal médico militar, que le concedió un 24% de discapacidad. Un porcentaje insuficiente para percibir una pensión por incapacidad, que establece un mínimo del 25%. Luego, el Tribunal Superior Pericial de las Fuerzas Armadas, le concedió un 60% y la discapacidad permanente para todo tipo de trabajo u oficio. Todo parecía arreglarse hasta que, nueve días más tarde, recibió una carta para acudir a Madrid y someterse a unas pruebas. Once días después, y tras realizarse las pruebas, volvieron a bajarle el grado a un 20%.

Tras presentar el recurso correspondiente, la sentencia fue firme: un 24% de discapacidad. A partir de ese momento, Laura prosiguió con la lucha: “Tengo un informe del perito de lesiones que me reconoce un 74%, más la discapacidad de la Seguridad Social”.

Los 45.000 euros que Laura percibió de indemnización tras su despido, se lo ha pulido en los procesos judiciales. La soldado no se rinde. Y es que hay precedentes, ya que se da la circunstancia de que a un compañero le concedieron un 200% de pensión después de que le cayera un rayo durante unas maniobras: “Mi accidente fue más grave y mira. Voy a mandar otra carta a la Ministra para que me explique qué diferencia hay entre su caso y el mío”.

Las instituciones militares y gubernamentales le dan la espalda. Incluso un alto cargo del Estado le instaba a que no se pusiera más en contacto con ellos, ya que no le iban a solucionar nada: “Tan solo un coronel me comentó que me enviarían una psicóloga para ayudarme a encauzar mi vida”.

A juicio de Laura, las instituciones funcionan como verdaderas mafias, en las que se van tapando unas a otras. No está capacitada para trabajar, conducir o andar con normalidad. Pero lo que más frustra a la soldado es no poder compartir momentos junto a sus dos hijos: “No puedo jugar con ellos, montar en bici, cogerlos en brazos...”

El sentimiento de decepción de Laura con el estamento militar y el Ministerio de Defensa es palpable, y acusa a la Ministra de lavarse las manos: “Dice que siente mucho mi situación y que no puede hacer nada, pero es falso, porque si quisiera, podría solicitar un nuevo tribunal. Al menos he conseguido que la diputada del PSOE, Zaida Cantera, se reúna conmigo para conocer mi situación”.