La Delegación del Gobierno en Madrid interpondrá una sanción administrativa de 600 euros a cada uno de los dos convocantes de la manifestación del pasado sábado en el entorno del barrio de Chueca, en la que un grupo de neonazis corearon consignas homófobas aunque comunicaron que protestarían contra la 'Agenda 2030'. La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha vuelto a repetir hoy que no tiene pensado dimitir, y deja en manos de la Fiscalía la investigación de lo que sucedió el sábado en el barrio madrileño de Chueca.

"La ley de reunión sólo pide hacer constar el nombre y apellido de los convocantes, el itinerario y el objeto de la misma. Es un proceso sencillo. Se tomó esta decisión para fomentar que la gente pudiera expresarse", ha explicado el profesor de Derecho Constitucional de ICADE, Francisco Valiente.

Ha sido un fin de semana convulso en lo que a protestas y manifestaciones se refiere. En Mondragón, estaba prevista durante el sábado una protesta contra la condena que cumple actualmente el etarra Henry Parot. La convocatoria inicial consistía en una carrera de relevos de 31 paradas, una por cada año que Parot ha pasado ya en la cárcel. En Mondragón coincidieron grupos abertzale y miembros de Asociaciones de víctimas y simpatizantes del Partido Popular y VOX, dos formaciones políticas que contraprogramaron el homenaje a Parot con actos en recuerdo a las víctimas de ETA. Esta convocatoria, por presión social y política, fue desconvocada. Aun así, durante el fin de semana se han celebrado pequeñas concentraciones en el País Vasco contra la cadena perpetua, a pesar de que esa no es la pena que está cumpliendo Parot. Básicamente, porque esta condena no existe en España.

"La Delegación del Gobierno tiene en su mano denegar una convocatoria, pero siempre con unos principios muy claros. En el caso de la manifestación de Chueca, la convocante era la Asociación de Vecinos de San Blas-Canillejas. En otras ocasiones se han manifestado en el barrio, sin percances. Si no hay motivo, no puedes denegar una manifestación preventivamente. En el caso de Mondragón, los colectivos abertzales sí han cometido delitos de enaltecimiento del terrorismo en alguna manifestación. En este caso sí había motivo sospecha. Fue sorprende que se permitiera", ha comentado Valiente.

El mismo día, el sábado por la tarde, en Madrid, había convocada una manifestación bajo el título 'Di no la Agenda 2030'. Fue solicitada por la Asociación de Vecinos del barrio madrileño de San Blas-Canillejas. Sin embargo, una vez en las calles, los manifestantes no sólo no se ajustaron al posicionamiento inicial, sino que fueron mucho más allá: simbología neonazi y gritos homófobos como protagonistas de la manifestación que, en teoría, era contra la 'Agenda 2030'.

"Estas normas se aprueban durante la Transición. Se quería dar confianza a la gente para que se atreviera a manifestarse. Se creyó en la buena fe, por ello la ley es especialmente garantista. Eso sí. Si durante la manifestación se comete un acto ilícito, no se puede alegar que uno se está manifestando. Se puede perseguir penalmente a los manifestantes de Chueca por sus consignas", ha advertido Francisco Valiente.