La justicia tumba la orden de confinar a 5 millones de personas en Madrid. Es la noticia que nos deja la mañana y que tiene una consecuencia inmediata: no se puede impedir a nadie que salga o entre a Madrid porque estamos hablando de la delimitación de derechos fundamentales.

En un auto de 26 folios, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid da un tremendo revés al Ministerio de Sanidad. La orden que impuso en la comunidad no tenía el armazón legal suficiente y debería haber acudido a refrendarla al Congreso. Y lo hace con un argumento demoledor para el Gobierno de Sánchez. “Los derechos fundamentales de los ciudadanos no pueden verse afectados por ninguna inferencia estatal no autorizada por sus representantes mediante una disposición con rango de ley”. Traducido. Sin el estado de alarma, no puede haber un confinamiento masivo.

Queda claro que hubo improvisación, precipitación y unas evidentes ganas de ir contra la Comunidad de Madrid por criterios políticos. Ahora se abren dudas de si se vuelve a la restricción por áreas sanitarias, pero con una evidente pregunta en el aire. ¿Quién se hace cargo de todos los perjuicios económicos que ha generado el cierre de Madrid? Destaca la hostelería, pero hay muchos sectores afectados por una orden que ahora tumba un juez.

Por lo demás. Pablo Iglesias está empleando hoy el día en desacreditar al juez que ha pedido al Supremo que le investigue por tres delitos: revelación de secretos con agravante de género, daños, denuncia falsa y simulación de delitos. Lo ha hecho identificando al magistrado García Castellón con las cloacas, ese término al que siempre recurre el vicepresidente cuando le faltan argumentos.

Luego ha tratado de refugiarse en una presunción de inocencia que él nunca respeta si el afectado no es de su partido. Es más, en RAC1 se ha mostrado convencido de que el caso Dina, que es el caso Iglesias, no tiene apenas recorrido jurídico. Así ha dicho: “Ni como mera hipótesis concebimos que pueda haber una imputación, es inconcebible, inconcebible. En este país todavía no han condenado ni imputado a nadie solamente por sus ideas. Lo que se está planteando es que se me investigue a mí, porque las cloacas del Estado me espiaron ilegalmente. Inconcebible”.

¿Por qué está tan convencido Iglesias de que no le van a imputar en el Supremo? Habla de un imposible, algo inconcebible. Y esto es así porque el vicepresidente sabe de quién depende la Fiscalía. Como ha dicho Sánchez: “¿La Fiscalía de quién depende? Depende del Gobierno. Pues ya está”.

Sabe que quien dirige la Fiscalía fue ministra del PSOE y candidata hace cuatro días. Y sabe también que el teniente fiscal que puede pronunciarse primero sobre este caso es Luis Navajas, que no ha ocultado su proximidad a las decisiones que ha tomado este Gobierno. A partir de ahí, la Sala Penal del Supremo deberá decidir si abre causa penal a Iglesias. El detalle no es menor.

¿Cuál es el siguiente paso?, si es que llega. Nombrar a un juez instructor y pedir un suplicatorio al Congreso para poder investigar al vicepresidente. Estaríamos ya en un trámite avanzado, que no debería demorarse mucho y que justo en este punto, retrataría a los diputados del PSOE. Si votan en contra, para proteger a su socio de coalición, y no hay mayoría para sacar el suplicatorio adelante, el caso se cerraría, porque no se espera que Iglesias acudiera a declarar voluntariamente al Supremo.

Este es el relato y aquí tienen una explicación, indicios suficientes de por qué Pablo Iglesias se ha mostrado hoy tan convencido de que su imputación es un imposible.