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Antonio Herraiz: "Las expropiaciones de Baleares ponen en cuestión el derecho de la propiedad"

El presentador de Mediodía COPE analiza la actualidad políltica de la jornada

Antonio Herraiz

Antonio Herraiz

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Tiempo de lectura: 3'Actualizado 15:40

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Gobierno y comunidades autónomas debaten esta tarde un plan conjunto para abordar la movilidad durante Semana Santa. Así, sobre el papel suena a necesario, pero si echamos la vista atrás parece más un deseo que una posibilidad. No hay más que fijarse en Navidad, donde cada comunidad actuó por su cuenta. Mientras en Valencia sólo permitieron la entrada a las personas que estuvieran empadronadas, en la mayoría establecieron el requisito de familiares y allegados.

Falta menos de un mes para la semana de pasión, y millones de españoles están pendientes de si se va a permitir la movilidad o no. Con la foto fija de hoy, miércoles 3 de marzo, sólo hay cuatro comunidades que no tienen vigente el cierre perimetral. Baleares, Canarias, Madrid y Extremadura. ¿Van a abrir todas? ¿Se va a obligar a todas a cerrar? Lo único seguro es que no va a haber consenso, que es lo que pretende el Gobierno para quitarse el problema de encima.

Hoy en 'Mediodía COPE' nos hemos situado en uno de los puntos más turísticos de Extremadura, en el Valle del Jerte, en la provincia de Cáceres. Este año la Semana Santa coincide con uno de los momentos más espectaculares de este Valle. Finales de marzo y principios de abril es la época en la que florecen sus cerezos. Rebeca Cenedese tiene allí un establecimiento rural. En una situación normal tendrían ya el cartel de completo. De momento, no están registrando mucho movimiento de reservas: "Por el momento tenemos solo una reserva para Semana Santa. En términos normales estos días estaría completo, pero la gente es muy precavida, hace una reserva con dos tres días de anticipación y no con tanto tiempo como 3 semanas”.

En Extremadura miran a Madrid. Las dos comunidades están abiertas, pero si se impone el cierre, la prohibición de movilidad para toda España, el panorama cambiaría.

¿Sanidad va a tomar una decisión para todos? No parece que lo vaya a hacer esta tarde. Y menos con los antecedentes que tenemos. En la desescalada tras el primer estado de alarma se implicó para poner las cosas más difíciles fundamentalmente a la Comunidad de Madrid. Luego esos criterios no los aplicó para casos similares. Y desde entonces, Sánchez e Iglesias han dejado a los gobiernos autonómicos que se desgasten tomando medidas impopulares, como el cierre de la hostelería o del comercio no esencial.

Hoy en 'Mediodía COPE', al margen de los que se puede hacer en Semana Santa, estamos analizando si la polémica medida ejecutada ya en Baleares puede extenderse al resto de comunidades autónomas. Te hablo de expropiaciones de vivienda en toda regla. Y el primer lote afecta a 56 viviendas. ¿A quiénes se las expropian? A los bancos, a los fondos de inversión y las promotoras que tienen esos pisos vacíos. ¿A quiénes se las entregan? A quien decide, en este caso, el Gobierno de Baleares. El destino es un alquiler social de 7 años. Y te preguntarás, ¿esto es legal? Legal es porque lo aprobó el parlamento de Baleares, donde ya sabes que gobierna el PSOE con el apoyo de la izquierda radical. Si otros parlamentos autonómicos siguen ese paso, tendrán vía libre. Nos lo ha contado Arantxa Goenaga, socia del despacho de abogados Círculo Legal Barcelona: "En Cataluña, el Constitucional ha derogado un decreto porque lo publicaron por decreto y no como ley y entonces no era el modo correcto de regularlo, pues lo mismo o sea sucedería si otros gobiernos autonómicos lo hiciesen por decretazo, tiene que venir por el Parlamento autonómico que entre las competencias que tienen las comunidades autónomas con respecto a la vivienda".

El que piense que porque son bancos o grandes fondos de inversión puede tener sentido esta expropiación, se equivoca. Al final, son decisiones que terminan afectando a todos. Y empiezan por los bancos y acaban expropiando a clientes individuales que con su esfuerzo o el de su familia han logrado acumular más de una vivienda. Estamos ante una decisión que crea inseguridad jurídica y que pone en cuestión el derecho de la propiedad.

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