La evolución de la pandemiavuelve a encender todas las alarmas y la palabra que más se va a repetir en las próximas horas va a ser confinamiento domiciliario. Es la petición de los sanitarios ante el avance imparable del coronavirus, una opción que, de momento descartan en el Gobierno de Sánchez e Iglesias.

El Ejecutivo se resiste a tomar ninguna medida que sea conjunta, para toda España y son las comunidades autónomas las que siguen improvisando medidas para sus territorios. Hoy han entrado en vigor nuevas medidas en Baleares, el País Vasco o Castilla y León. Esta tarde, el propio presidente extremeño Fernández Vara anunciará limitaciones añadidas para Extremadura y en Castilla-La Mancha se disponen a aprobar más medidas. En Madrid las anunciarán el viernes. En La Rioja, confinan Logroño, su capital, y cierran toda la actividad no esencial a las 5 de la tarde. En Galicia se adelanta el toque de queda a las diez y los bares tienen que cerrar a las seis. Y así una cascada de restricciones en toda España que son consecuencias de los encuentros de Navidad, que nadie se atrevió a prohibir para ahora derivar toda la responsabilidad a los ciudadanos. ¿Volverá a confinar el Gobierno a toda la población? Como es la medida más impopular que se puede tomar, esperará hasta el final, para que el desgaste lo sigan asumiendo otros.

En lo que sí se da prisa es en otras cuestiones que no tienen nada que ver con la pandemia ni con la crisis económica que tenemos encima. Lo vimos con la ley de educación, lo vimos con la ley de la eutanasia y ahora también con la reforma del Consejo General del Poder Judicial.

El máximo órgano de Gobierno de los jueces está en funciones, cumplió su mandato hace dos años y el Gobierno de PSOE y Podemos ha intentado por distintas vías su control. Primero, planteó una renovación con un apoyo parlamentario mínimo, una maniobra que llevó a la Comisión Europea a dar un toque al Ejecutivo español. Después, Sánchez con la presión de Pablo Iglesias ha pretendido que el Consejo General del Poder Judicial limitara sus funciones y redujera al mínimo los nombramientos. PSOE y Unidas Podemos han hecho hoy valer su mayoría en el congreso. Y lo han hecho desoyendo a las peticiones de jueces, de fiscales y del propio órgano de gobierno de los jueces. Tramitan así la reforma exprés para limitar las funciones y los poderes del CGPJ. Podría estar aprobada en marzo. Y aquí hay que recordar una cuestión esencial que afecta al propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. De 2006 a 2008 estuvo en un Consejo General del Poder Judicial también en funciones. Y durante ese periodo realizaron nombramientos que afectaron a 32 magistrados. Esto es lo que ahora quieren reducir. La interinidad no es, por tanto, el problema para realizar esos nombramientos. El problema es la obsesión, especialmente, de Pablo Iglesias por controlar uno de los poderes que todavía no maneja: la Justicia.