El Gobierno sigue sin aclarar qué podremos hacer y qué es lo que tendremos prohibido a partir del domingo una vez finalice el estado de alarma. Y no lo comunica porque quiere esperar a que pase la tormenta de las elecciones de mañana en Madrid, en las que puede caer un buen chaparrón.

El final de la campaña ha estado marcado por la detención de dos personas con estrechos vínculos con Podemos acusados de agredir a policías durante un mitin de Vox en Vallecas. Aquel 7 de abril, resultaron heridos más de 20 agentes. El Ministerio del interior ocultó estos arrestos, pero ha ocultado algo peor. Son Daniel Jiménez y Alberto Robles. Como te viene contando la cadena COPE, uno de los detenidos, ya en libertad con cargos, se sitúa en el entorno personal del propio Pablo Iglesias. Realiza incluso labores de seguridad, de protección del hasta hace poco vicepresidente del Gobierno. Y aquí Interior tiene que dar una respuesta. ¿Por qué? Porque hay una ley de seguridad privada, consensuada entre PSOE y PP que entra en colisión con los trabajos de uno de los detenidos. ¿Sancionará Interior a Podemos por este extremo? Lo han ocultado hasta casi el final, no esperen tampoco esa sanción, con lo que el escándalo es incluso mayor.

El Gobierno aparca, por ahora, su idea de eliminar la ayuda fiscal por la declaración conjunta del IRPF. Hacienda da marcha atrás y dice que lo estudiará en 2022. El ejecutivo se había comprometido por escrito con Bruselas a suprimirla, pero se ha montado un gran revuelo y cuando ha visto la reacción a su globo sonda han dado marcha atrás. De momento. Con este cambio, pretendía obtener 2.400 millones de euros. ¿De los ricos, como le gusta vender? No, de las economías más modestas. De familias con un solo sueldo con dos salarios no muy elevados. Esta declaración conjunta beneficia a dos millones de hogares. En concreto, más de 4,2 millones de personas, que son el 18% de los contribuyentes y el 17% de las familias.

Dependiendo de varios factores, su base imponible se puede reducir en hasta 3.400 euros anuales, que es un pico. Te recuerdo que es una medida que estaba escondida en los planes enviados el viernes pasado a Bruselas. En uno de los epígrafes sobre Igualdad, aparecía la posibilidad de quitar estas deducciones fiscales. Y tú te preguntarás... ¿qué tiene que ver una deducción fiscal con una cuestión relacionada con la igualdad? Bueno, el Gobierno planteaba que hacer la declaración conjunta desincentiva el trabajo de las mujeres, que sueles ser las que llevan menos ingresos al hogar. Algo que sorprende a Rogelio Sanchís, abogado y asesor fiscal, que ha estado hoy en Herrera en COPE: “El argumento por el que se ha introducido, que sería una incentivación del no trabajo del cónyuge, y además, normalmente mujer, que también sorprende ese señalamiento de esa diferencia de género, es muy peregrino. No creo que nadie deje de trabajar porque se ahorre 3.400 euros de impuestos al año”.

Y una valoración más... la del secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, que cree que acabar con la reducción fiscal por la tributación conjunta es una muestra más de la falta de reconocimiento institucional que tiene la familia.