Las comunidades autónomas siguen definiendo y readaptando el plan de vacunación ante la falta de directrices claras del Gobierno de Pedro Sánchez. Lo han vivido y sufrido con las restricciones, cada una ha tomado medidas por su cuenta, y ahora también con el reparto de las dosis. Eso puede provocar que haya diferencias en comunidades autónomas, diferencias porque se priorice a determinados colectivos por encima de otros. En Cataluña, se van a decantar por policías, bomberos y por el personal de Farmacias, fisioterapeutas, funcionarios de prisiones. En ANDALUCÍA, lo apuntaba su presidente Juan Manuel Moreno: “Hay algunas aportaciones desde ayudas a domicilio, odontólogos, fisioterapeutas, profesores de educación infantil y especial, teleoperadores del 112, cuerpos y fuerzas de seguridad y personal, profesores…”. Cada uno actúa según considera.

Hoy se ha comenzado a suministrar la vacuna de Oxford AstraZeneca. Que ya sabes que obliga a reestructurar el plan, porque no se va a poner a mayores de 55 años. En todo caso, la vacunación va muy lenta, sobre todo porque no hay dosis suficientes. Y si las hubiera, nadie garantiza que se pudiera asumir un volumen elevado. Esta mañana, en Cataluña han planteado convertir el Camp Nou y la Sagrada Familia en un gran centro de vacunación. Y en Herrera en COPE hemos escuchado también la voz de la sanidad privada. Se ofrecen para acelerar la campaña y denuncian que España es el único país europeo que no ha vacunado a los sanitarios de esta parte de la sanidad, que trata a 1 de cada 4 de los pacientes con coronavirus. Lo ha contado aquí, esta mañana, en Herrera en COPE el presidente de los centros sanitarios privados, Carlos Rus: a lo largo de todo este año hemos mantenido reuniones mensuales y hemos tenido la sensación que Espàña llamaba la atención

Y hoy vuelve a ser noticia el caso del rapero Pablo Hasel. ¿Por qué? Pues porque la semana pasada la Audiencia Nacional dio un plazo de 10 días para que ingrese en prisión. Este Pablo Hasel es icono de la izquierda más radical y está condenado por un delito de enaltecimiento del terrorismo e injurias y calumnias a la corona. Hasel es de los que acostumbra a cargar contra las instituciones y también contra la policía, por ejemplo, en las redes sociales y en sus canciones.

El Gobierno ha utilizado este caso para relajar los delitos relacionados con la libertad de expresión. Pero no para defender la libertad de expresión bien entendida, bien utilizada, no. Sino para que personajes como el rapero Pablo Hasel tengan barra libre. Con esta decisión que toma el Ministerio de Justicia, en manos de un ministro socialista, el PSOE se adelanta a la propuesta de Podemos para cambiar la ley. Por cierto, le han preguntado a la ministra portavoz y ha dicho que no sabía nada.

Es un ejemplo más del pulso dentro del Gobierno de coalición para ver quién es más de izquierdas. La duda es si ese pulso no es para ver quién es más radical.