España está pendiente del veredicto que emita esta tarde la agencia europea del medicamento. No es la autorización de una nueva vacuna. En esta ocasión, emite las conclusiones del análisis que ha realizado para ver si hay relación entre los trombos registrados en personas que han recibido la inyección de AstraZeneca.

¿Pero no nos habían dicho que no? Así fue. Hace justo dos semanas concluyó que no había evidencias para establecer ese vínculo, pero los últimos casos han llevado al organismo supervisor de los medicamentos a establecer nuevos controles. De hecho, un alto funcionario de la agencia europea se ha encargado en las últimas horas de sembrar aún más dudas. En una entrevista en el periódico italiano Il Mesaggero, el jefe de la estrategia de vacunas de la EMA, que son las siglas en inglés de la agencia del medicamento, avanzó: "Ahora podemos decirlo, está claro que hay un vínculo con la vacuna. ¿Qué provoca esta reacción? No lo sabemos", señalaba este responsable de la EMA. No lo sabemos, decía, pero ahí lanzaba las dudas. Todo menos tranquilizar y dar seguridad.

A partir de ahí, Castilla y León ha decido suspender temporalmente la vacunación con AstraZeneca. Esto no ha gustado al Gobierno de Sánchez. Es una comunidad gobernada por el PP, que fue objeto de deseo del PSOE en la moción de censura fallida. Si la decisión la hubieran tomado en Valencia, no habría habido problema. Es Castilla y León, y ha saltado la vicepresidenta Carmen Calvo: "Las decisiones de qué vacunas, con qué criterio sanitario, con qué criterio de tramos de población se vacuna, que calendario, eso corresponde al Consejo Interterritorial y está decidido, no le corresponde a ninguna comunidad autónoma a su manera de entender o a su fórmula política de confrontar".

El Consejo Interterritorial de Salud es esta tarde, aunque tendrán que plegarse al informe de la agencia europea del medicamento y a la posterior decisión de los ministros de Sanidad de la Unión.

En ese consejo va a seguir el baile de las mascarillas. Primero no eran necesarias porque generaban alarma, luego no se podían imponer porque era una medida de difícil encaje legal, ahora hay que llevarlas en la montaña o en una playa aunque estés solo y hoy lo van a matizar tras la presión de las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PSOE como Baleares o Canarias.