Hoy el Gobierno ha trazado un despliegue para tratar de lavar su imagen dañada por la crisis migratoria de Arguineguín. Por segundo día consecutivo no ha llegado ninguna patera, y Marlaska se ha ido a Marruecos para coordinar medidas que frenen los flujos de personas que somos incapaces de asumir. Marlaska se ha ido hoy al país vecino para reunirse con su homólogo marroquí con un dato sobre la mesa: en lo que llevamos de año, más de 17.000 inmigrantes han llegado a las costas de Canarias. ¿Qué han hecho hasta ahora? Han estado noqueados, con una evidente incapacidad para afrontar este drama.

Hemos hablado de las consecuencias que está teniendo para el turismo de Canarias esta crisis migratoria. No hace falta recordar cómo lo están pasando los hoteles, los restaurantes por la pandemia. Ahora añaden este problema que afecta a su imagen, sobre todo la del exterior, porque ahí están las fotos de los inmigrantes hacinados en el puerto de Arguineguín, una localidad turística y también pesquera donde los pescadores también se ven afectados. A pie de muelle, hemos conocido la historia de Alí. Es senegalés y lleva 14 años en España. Vive en un barco atracado en la zona y nos ha contado que este escenario no beneficia a nadie.

“Quiero tranquilo. Quiero trabajo. Después de trabajo, voy a parar tranquilo. Mira ahora, estoy haciendo tranquilo. Porque antes aquí no hay gente, no hay nada. Como aquí ahora. Míralo”, explica.

El Gobierno no está sabiendo afrontar este problema, que por cierto, provoca agujeros internos, ahí está la pugna entre Interior y Defensa, por ejemplo. Problemas que le vienen de fuera y luego están los que crean ellos mismos. Y ahí está la ley Celaá que viene a modificar cuestiones que como la enseñanza concertada o la educación especial que funcionan perfectamente. Pero el Gobierno en su afán de intervención en lo que no le gusta, quiere arrinconar la concertada y la especial. Va a ser interesante comprobar la respuesta ya no de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que están anunciado medidas legales para minimizar los efectos de la Ley Celaá. Lo ha hecho esta mañana Castilla y León. En Castilla-La Mancha, Page siempre ha mostrado su apoyo a la concertada. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Y Lambán en Aragón?

Por cierto, en la plenaria de la Conferencia episcopal, los obispos españoles han manifestado su preocupación por la limitación de los derechos y libertades que supone la nueva ley de educación. Lamentan las trabas a la concertada y la marginación de la asignatura de religión. Lo dicho. Se ha creado un problema, donde no lo había.