El Gobierno lo vuelve a repetir: le gustaría ver a los políticos presos, líderes del proceso secesionista, en la calle. Es cierto que la prisión preventiva no es lo normal, una persona debe estar libre hasta que sea condenada de forma definitiva. La prisión preventiva está prevista para supuestos muy tasados: destrucción de pruebas, posibilidad de que se repita el delito y riesgo de fuga. El Gobierno no puede presionar a los jueces para que supriman esa prisión preventiva. Llarena ha estimado que los políticos presos pueden volver a delinquir con un delito de rebelión o de secesión y que pueden fugarse. Para que salieran a la calle hasta su eventual condena estos dos peligros deberían desaparecer. La fuga de Puigdemont y de un grupo de exconsejeros responsables de los sucesos del mes de octubre pasado ha sentado un precedente muy negativo. Las reiteradas declaraciones del propio Puigdemont y de Torra insistiendo en una independencia unilateral, lo que supone una llamada a cometer de nuevo los presuntos delitos que se cometieron hace un año, tampoco son de gran ayuda para sus compañeros que permanecen en prisión.