La pandemia del coronavirus nos ha dejado cambios y ha impulsado realidades como la del teletrabajo que han transformado el entorno laboral, la forma de relacionarse con los jefes y compañeros. Muchos -empresas y empleados- se han tenido que adaptar a la nueva situación en un tiempo récord y no siempre en las mejores condiciones. Como esto ha venido para quedarse, el Gobierno ha emprendido ahora una carrera para regularlo. En los últimos días ha puesto sobre la mesa un anteproyecto de ley del trabajo a distancia que establece límites, garantías para evitar abusos. Recoge derechos y obligaciones de todas las partes.

¿Qué dice el anteproyecto?

En líneas generales, el texto señala que el teletrabajo debe ser voluntario para el empleado y con horario flexible aunque la empresa podrá establecer unas franjas de disponibilidad. El aspecto más polémico es el del reparto de los costes. Aquí el anteproyecto establece que corresponde a la empresa dotar al asalariado de “todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo de la actividad”. Deja claro además que no puede suponer ningún coste para el empleado, por lo que las compañías estarán obligadas a pactar (ya sea en convenio o en un acuerdo con los representantes de los trabajadores) un plus, un mecanismo que garantice que se compensan todos los gastos que asuma el trabajador como puede ser la conexión a internet o el consumo de luz.

Lo cierto es que estamos ante una propuesta de máximos que no ha gustado nada a la patronal CEOE. La considera desequilibrada y alejada de la realidad. Los empresarios creen que podrían desincentivar la implantación del teletrabajo en España, ralentizar su consolidación. No entiende la prisas. Ante las quejas, el Gobierno se ha comprometido a consensuar la futura ley con los agentes sociales.

Los expertos opinan

En La Mañana del Fin de Semana hemos hablado con expertos y consideran necesaria esta ley para regular el teletrabajo porque lo que aparece en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores “se ha quedado obsoleto, alejado de la realidad”, según ha contado Ismael García, abogado laboral de Ad Invicem. Del anteproyecto cree que “faltan muchas cosas por concretar”. Le parece bien que la futura norma incluya “unos máximos y unos mínimos”, que se hable de los costes pero afirma que luego cada empresa es diferente. Recuerda que gran parte del tejido empresarial en España son pymes y “no todas pueden poner por ejemplo un ordenador en la casa de cada empleado porque supone un gasto inviable”. En su opinión, al final empresas y trabajadores estarán abocados a llegar a un acuerdo por convenio o incluso individual para adaptar en cada caso la realidad del teletrabajo. “No veo factible hacer un acuerdo genérico que abarque a todas las empresas. Cada una, cada trabajador tiene sus circunstancias particulares”, señala.

En la misma línea se ha pronunciado José Canseco, experto en recursos humanos y profesor del EAE Business School. Asegura que “la ley es necesaria pero con matices”. Asegura que el texto “tiene que marcar un suelo mínimo que garantice los derechos generales pero luego habrá regular de manera específica, cosas concretas que atañen a cada una de las empresas y sectores”. Entiende la preocupación de la patronal porque “poner un suelo muy alto podría provocar consecuencias no muy favorables para las compañías”, avisa.

En definitiva, los expertos mantienen que la futura ley tiene que fijar un marco que garantice los derechos de los trabajadores pero a la vez tiene que ser lo suficientemente flexible para que las empresas saquen al teletrabajo el máximo provecho. La regulación no se puede convertir en un blindaje. Hay que adaptarla a las necesidades de cada sector y de cada empresa mediante la negociación colectiva.