Estoy convencido de que, en la próxima reunión de la Real Academia  Española de de la Lengua, habrá una modificación del término ensoñación y ensueño. Porque la actual definición contiene dos acepciones muy claras. En la primera, dice que ensoñación es sueño o representación fantástica de quien duerme, y, en la segunda, ilusión o fantasía. No consta que Puigdemont estuviera dormido cuando declaró la República de Cataluña, ni tampoco estaban dormidos los parlamentarios catalanes que votaron la ley 20/de 2017 del 8 de septiembre, en la que -está escrito- se publican las normas de transitoriedad jurídica y fundacional de la República. Recuerdo, en mi adolescencia, haber ensoñado alguna vez que vivía con Sofía Loren, y que yo tenía más de veinte años, pero no pasé con ella ni medio minuto, ni la Secretaría General del Movimiento lo recogió en alguna disposición, ni siquiera apareció en la Diputación Provincial de Zaragoza o en un pleno del Ayuntamiento. La ensoñación, en cambio, ha dado un giro impresionante, y durante algunas horas hubo República, y no sólo eso, sino que fue tan real que el 16 de noviembre de 2017 se publica en el BOE  la Sentencia del Tribunal Constitucional en la que se declara nula la ley del Parlamento Catalán. Vamos, que ahora los sueños se publican en el Boletín Oficial del Estado. Como decía Unamuno del ajedrez: demasiado como juego, muy poco como deporte. Pues eso. Para ser un sueño fue excesivo, y para ser real lo cierto es que la República duró menos que una bandera española al lado de un secesionista, sobre todo si la lleva una señora entrada ya en años, y a su lado hay un valiente y arrojado joven, que sin temor al riesgo, sin miedo a lo que le podría haber pasado, le pegó un buen golpe y la tiró al suelo. Me imagino el orgullo de sus padres, amigos y familiares ante tan heroica acción. 

La Real Academia Española, allá por enero de 2020, tendrá que cambiar también la definición de íntegro. Dijo el presidente en funciones, Pedro Sánchez, que los condenados cumplirían las penas íntegras. Pero según cálculos, a los condenados se les aplicará el tercer grado, y los de nueve años pasarán estas navidades en casa. 

Lo que representarían excesivas tragaderas lingüísticas sería admitir que libertad de expresión es cortar carreteras, ocupar aeropuertos, impedir que salgan los trenes y pisotear el derecho de los ciudadanos a trasladarse a donde quieran sus gustos o les obliguen sus tareas. Eso no es libertad de expresión. Y hay una medida que no es el 155, sino la Ley de Alarma. Pedro Sánchez no se tendría que reunir con nadie. La puede declarar mediante decreto Ley, tras acuerdo del Consejo de Ministros, y podría estar vigente 15 días, sin pedir permiso a la Diputación Permanente del Congreso. Ya se declaró el 4 de diciembre de 2010, ante la huelga de controladores aéreos, siendo presidente Zapatero. Si Sánchez no lo hace será porque también quiere cambiar el diccionario para que libertad de expresión signifique acosar ciudadanos, secuestrar conductores, intimidar viajeros, desafiar a las fuerzas de orden, y gallear impidiendo la libertad de los demás. O porque eso a Pedro Sanchez le produce miedo.