El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, ha elaborado un informe sobre la normativa de los taxis y VTC y su correlación con la legislación europea con unas conclusiones contundentes; las nuevas normas para regular las VTC anularían la legislación comunitaria en España, con lo se podría abrir la puerta a futuras reclamaciones. “Cuando ya hay una normativa que les permitía realizar su actividad y se modifica con nuevas restricciones, se genera una situación que nos pone a los pies de la responsabilidad patrimonial, que va contra las arcas públicas”, ha advertido en 'Herrera en COPE' el responsable de este informe, Jesús Sánchez Lambás.

Nos pone a los pies de la responsabilidad patrimonial

En este sentido Jesús Sánchez Lambás, explica que “negarse a hacer la transición, como se ha hecho en tantos sectores en España, es algo inédito y asombroso”.

Negarse a la transición es algo inédito en España

Según el estudio, existen dos directivas contra que las que chocan las normas que aprueban en España ayuntamientos y Comunidades Autónomas, una sobre servicios y otra referida a la unidad y mercado, de forma que las VTC "podrían ir a los órganos de competencia de la UE y de lo Contencioso Administrativo y plantear una reclamación".

Lambás asegura que cualquier juzgado daría la razón a las VTC si bien consdiera que es "una patada para delante de los políticos porque saben que todo lo que entre en un tribunal de lo Contencioso Administrativo, tiene hasta 10 años por delante”.

A quien le viene peor esta situación es al propio taxi

En su opinión a quien le viene peor esta situación es al propio taxi. “Si no se enfrenta a los retos tecnológicos, se quedará anclado. Las tecnologías se imponen en los mercados abiertos”. Un buen ejemplo fue París, “allí no daban el mejor servicio pero llegaron las VTC y generaron una competencia. Hoy en día no hay casi diferencia entre un servicio y otro, hay mejor calidad y precios más moderados”.

Para llegar a ello, el vicepresidente del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, concluye “tiene que haber una transición con una nueva normativa que contemple los nuevos escenarios de mercado”.