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Caso Odyssey: “Habría que preguntar a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía por qué han estado desaparecidos"

Odyssey no tendrá que rendir cuentas a españa por el expolio de la fragata Mercedes

Tiempo de lectura: 2Actualizado 10:41

El 5 de octubre de 1804, la fragata Nuestra Señora de las Mercedes fue atacada por 4 barcos ingleses a la altura del cabo de San Vicente cuando navegaba hacia las costas de Cádiz. Venía de Montevideo y venía cargada con monedas, caudales, para la Corona española. Esas monedas de oro y plata fueron extraídas hace más de una década por una empresa cazatesoros llamada Odyssey, y fueron recuperadas por el gobierno español. Están en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática en Cartagena.

Pero hay una serie de bienes, un cañón pedrero de bronce de 80 cm, almireces y otras muchas cosas, objetos extraídos que nos gustaría conocer cuál ha sido finalmente su destino.

Tras años de lucha, la Audiencia de Cádiz ha archivado definitivamente las diligencias contra la empresa americana, por lo que los autores del expolio finalmente no serán juzgados ya que las diligencias contra ellos por los delitos de daños y contrabando han prescrito gracias a que nunca se cumplimentó la comisión rogatoria que la justicia española envió a EE. UU. para interrogar a los investigados, solicitada en 2013.

En Herrera en COPE’hablamos con el abogado de la acusación popular del caso Odyssey, José María Lancho, que critica la actuación del Estado para defender su Patrimonio “sería interesante poder preguntar a la Abogacía del Estado, que seguía las instrucciones del ministerio de Cultura, y a la Fiscalía cómo es posible que durante años y años hayan estado desaparecidos, no contestando a los escritos que se presentaban por nuestra parte”. Y añade, “también a los señores jueces que fueron sucediéndose en la convicción de que esto no debía de moverse”.

José María no da crédito a lo sucedido después del trabajo de 14 años por la acusación popular en los “que sí ha habido un aparte muy intensa de instrucción en los que se ha demostrado que un yacimiento arqueológico que corresponde a un buque de guerra histórico español que, aunque esté hundido, sigue conservando la condición de buque de la Armada es territorio español y, por tanto, genera jurisdicción en favor de nuestros tribunales para el que vaya allí a destruir o expoliar el yacimiento y eso es, al menos, lo que se ha salvado en nuestro procedimiento”. Asegurando que se trata “de uno de los elementos más potentes y más valiosos de los que podemos ahora contar para la defensa de un patrimonio que está siendo expoliado hoy por hoy”.

“Se trata del mayor caso de expolio que se había producido en aguas europeas, en este caso, en la plataforma continental portuguesa contra Patrimonio histórico sumergido. Era un procedimiento muy importante”, lamenta el abogado.

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