El juez del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, ha llamado a declarar en calidad de investigada a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya por la llegada a España el 16 de abril de este año, por Zaragoza, del líder del Frente Polisario Brahim Gali para ser tratado en nuestro país de coronavirus. Un acontecimiento que originó un conflicto con el reino de Marruecos.

Ante esta circunstancia, el Gobierno ha garantizado su "absoluta colaboración" con la Justicia tras la decisión judicial de llamar como investigada a la exministra, un asunto que desea que se resuelva pronto.

En "Herrera en COPE", este lunes ha pasado Antonio Urdiales el abogado que ha presentado la demanda para que se aclare como se produjo la entrada en nuestro país del líder del Frente Polisario, ya conocido como el caso Gali.

El letrado ha asegurado que, sin duda, la exministra no es la responsable de lo ocurrido, "las órdenes vinieron del gabinete de la ministra de Asuntos Exteriores", sin embargo, el abogado de la acusación particular tiene claro que “la ministra consultó la operación. Esto no se mueve sin contar con el presidente del Gobierno".

Lo que sí ha dejado claro Urdiales es que "el General de brigada, José Luis Ortiz Cañavate, que es el jefe de la base aérea dice ( en las primeras declaraciones que ha hecho ante el juez), que se recibieron órdenes por vía telefónica del Estado Mayor del Ejército del Aire de que el personal que viajaba en el avión no pasara control de pasaporte ni aduanas, por lo que se desconoce la identidad de las personas que viajaban a bordo. Se recibió información telefónica de que en el avión viajaba un paciente con pasaporte diplomático argelino que venía en una camilla medicalizada y que iba acompañado de una persona. Se trasladó en ambulancia de la persona que venía en la camilla y a su acompañante sin conocer su identidad".