Las principales asociaciones de profesionales y empresarios taurinos han pedido al Ministerio del Interior el cese de la presidenta de La Malagueta, Ana María Romero, por "arbitrariedad en reconocimientos veterinarios y animadversión a las figuras y ciertos ganaderos".

Concretamente, el presidente de la Unión de Toreros, Juan Diego, registró el pasado 19 de julio en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior un escrito que firman también la Unión de Picadores y Banderilleros (UNPBE), la Asociación Nacional de Mozos de Espadas (ASNAME)y la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET).

Las cuatro asociaciones se quejan abiertamente del proceder de la presidenta Romero en los apartados y reconocimientos veterinarios previos a cada corrida, rechazando una importante cantidad de toros en pos de otros de mayor trapío y seriedad, ni más ni menos que lo que procede en una plaza de primera categoría como es La Malagueta.

"Un proceder arbitrario y lesivo, principalmente a lo que atañe a las decisiones tomadas en relación con la aceptación o rechazo de reses tras los oportunos reconocimientos veterinarios, siendo la presidenta que más toro echa para atrás con relación a otros presidentes, algo que da una idea del extrañamente riguroso criterio empleado", recoge el escrito al que ha tenido acceso EFE.

En este sentido sorprende que ninguna de las principales asociaciones de ganaderos se hayan sumado a esta petición, como tampoco hayan querido hacer declaraciones sobre este tema.

También la acusan de una excesiva cicatería a la hora de conceder trofeos, especialmente a los toreros de mayor renombre, algo que muestra una "clara animadversión hacia lo que representan y hacia su protagonismo en la fiesta de los toros".

Por todo ello, toreros como Morante de la Puebla se ha negado rotundamente a actuar en Málaga hasta que no cambien los equipos gubernativos de La Malagueta, incluido el otro presidente, Ildefondo del Olmo, que no está tanto en el disparadero después de conceder el año pasado el indulto de un toro de Juan Pedro Domecq a cargo de Enrique Ponce.

Otro problema añadido para Romero, y del que también se quejan los toreros, empresarios y apoderados, es que, además de presidenta de plaza, ejerce también como periodista taurina en Canal Sur Radio, algo que para ellos puede generar un "conflicto de intereses" y que sus decisiones puedan estar "condicionadas".

En este aspecto, el reglamento taurino de Andalucía es tajante, especialmente en su artículo 20: "Las personas elegidas como presidentes deberán abstenerse de intervenir cuando tengas interés económico y profesional, amistad íntima o enemistad manifiesta o parentesco de consanguinidad con los miembros de la empresa, profesionales actuantes o representantes de las ganaderías".

Por su parte, la propia Ana María Romero ha emitido un comunicado en el que se ha defendido de las acusaciones vertidas hacia ella, alegando que su trabajo se limita a "cumplir el reglamento y a defender el nivel de la plaza de toros de Málaga", convertida en plaza de primera desde 2006, algo que muchos "todavía no aceptan".

Además desmiente que haya tenido "problema alguno" con ninguna figura del torero, además de manifestar que el motivo por el que rechaza "algún que otro toro" en los reconocimientos es, precisamente, para "preservar y dar importancia a la Málaga taurina", añade.

En los próximos días la Junta de Andalucía se pronunciará al respecto, y todo a esto a escasas semanas de que arranque una nueva edición de la feria taurina de Málaga.