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Inca, primera plaza damnificada por la ley de los 'toros a la balear'

Alejandro Talavante, en una imagen de archivo, a hombros en el Coliseo de Palma de Mallorca

Alejandro Talavante, en una imagen de archivo, a hombros en el Coliseo de Palma de MallorcaARCHIVOEFE

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Tiempo de lectura: 2'Actualizado 29 mar 2018

El festival que se iba a celebrar este domingo 1 de abril en la plaza de toros mallorquina de Inca ha sido suspendido tras levantarse la suspensión cautelar de la llamada ley de 'toros a la balear'. En este festejo estaban anunciados Antonio Cortés, Jesús López, Mazzantini, El Velilla y Mariano Aguiló ante reses de El Onsareño.

El Boletín Oficial del Estado publicaba este martes el auto del Tribunal Constitucional (TC) que anula la suspensión de la ley balear que prohíbe las corridas de toros donde se hiera o mate a los animales, por lo que la norma está plenamente en vigor, según informa Efe.

Esto impedirá que se celebren en Baleares festejos taurinos tradicionales hasta que el alto tribunal resuelva definitivamente el recurso interpuesto por el Gobierno central contra la Ley de Protección de los Animales aprobada por el Parlament regional el año pasado.

El TC decidió por unanimidad que los supuestos perjuicios al interés general y al sector taurino que pudiera causar el levantamiento de la suspensión hasta que dicte sentencia no están suficientemente justificados como para impedir la aplicación de la ley.

La suspensión se decretó a finales del año pasado a raíz de la admisión a trámite del recurso del Gobierno contra varios de los artículos de la ley autonómica que suprimen lances de las corridas de toros tradicionales en los que se hiere o mata a los animales.

Tanto el Parlament balear como la Abogacía de la Comunidad Autónoma argumentaron contra la paralización temporal de los artículos recurridos por el ejecutivo central que no había ningún perjuicio en que "las escasas corridas" que se celebran en Baleares se adapten a la ley mientras el Constitucional falla sobre el fondo del asunto, pero el Gobierno argumentó que la aplicación de la norma representaba de hecho la prohibición de los toros y suponía una pérdida económica de 4 millones de euros.

En su auto, el TC explica que, para mantener la suspensión, debe "demostrarse o, al menos, razonarse consistentemente" que la aplicación de la norma causaría graves perjuicios al interés general. En este caso, la alegación del recurrente es "genérica" y, además, se refiere a cuestiones que afectan al fondo del recurso y sobre las que, por tanto, no puede pronunciarse hasta que dicte la sentencia.

En cuanto a la alegación del daño económico estimado por parte del Gobierno, el tribunal considera que el informe en que se aporta la cifra de 4 millones también pone de manifiesto que la oferta de festejos taurinos en el archipiélago es "más bien escasa", con 4 festejos en 2015 y 7 en 2016, por lo que "el impacto global de la actividad sería modesto".

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